Transparencia Venezuela exige reestructurar el Ministerio Público antes de elegir fiscal general

La ONG destaca que más allá de quien ocupe la Fiscalía General, los problemas apuntan a un engranaje amplio de leyes, procedimientos y equipos de trabajo alineados con un sistema de justicia que carece de independencia real

 

Transparencia Venezuela aseguró que la profunda crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público no se resolverá únicamente con la elección de un nuevo fiscal general, sino que exige una transformación estructural del organismo antes de avanzar.

La organización lo describió como una institución que criminaliza, persigue, viola derechos, y que opera, en muchos casos, como garante de la impunidad y cómplice de la gran corrupción transnacional. Lejos de actuar como defensor de la legalidad, la organización afirma que la Fiscalía ha funcionado en ocasiones como un instrumento de un poder autoritario que controla su dirección y decisiones.

 

Crisis institucional exige reforma integral

La ONG subraya que estos problemas no dependen únicamente de la persona que ocupe la Fiscalía General, sino de un engranaje más amplio de leyes, procedimientos y equipos de trabajo que están alineados con un sistema de justicia que carece de independencia real.

Ante la atención pública que ha generado la selección de un nuevo fiscal, la organización insiste en que el foco del debate debe centrarse en reformar la estructura institucional del Ministerio Público y no solo en elegir un nombre.

Muchos de los candidatos propuestos tienen trayectoria profesional y ética, pero Transparencia Venezuela advierte que hacer frente a la llamada captura institucional, las redes activas de corrupción y la desconfianza ciudadana requiere un rediseño más profundo.

Entre los principales retos que identifica están la falta de autonomía frente al poder político, la provisionalidad de sus funcionarios, la excesiva concentración de poder en el fiscal general, el uso político del sistema penal, la impunidad estructural, la opacidad en procesos y la debilidad técnica y organizativa.

También destaca que para que cualquier modelo renovado de Fiscalía sea efectivo se requiere garantizar independencia política y funcional, así como autonomía financiera, un reclamo clave debido a que históricamente el sistema de justicia en Venezuela ha recibido presupuesto inferior a 1,5% del total nacional.

 

 

 

 

 

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