En la legislación penal de casi la mayoría de las legislaciones de países se precisa que todo bien jurídico debe ser protegido. Pero, si una determinada actitud se opone a un bien jurídico conocido, como por ejemplo, la libertad de expresión; entonces, la ley prevé una serie de sanciones posibles. En tal sentido, los bienes nacionales están avalados por la ley y conforman un orden jurídico. Pero, si alguien actúa contra dichos intereses, estaría incidiendo en delito de traición a la patria.
En el caso particular del régimen venezolano, divagante y felón, tal delito apuntala al disenso y/o desafección a sus ideales sublimes basados en una ideología arcaica e inaplicable porque vulnera todo derecho civil e inquiere y acosa a sus desafectos. Por tanto, se tergiversa intencionadamente, mediante un giro político al tipificarlo dentro de las disposiciones previstas en el Capítulo I (art 128-133 y ss) del Código Penal.
Concretamente, traición o alta traición a la patria se entiende como un problema de seguridad nacional. En la mayoría de los códigos penales existentes tal figura delictiva se tipifica como de agresión a la seguridad nacional de un país.
Y, en general, todo descuido o desidia sobre la conservación y funcionamiento de la infraestructura pública, tales como: industrias básicas, vialidad, salud pública, telecomunicaciones, educación y dilapidación de fondos, entre otros.
Es así como de entre tantos, tenemos la crisis PDV Marina, que por años de mantenimiento diferido casi toda su flota de tanqueros ostenta “muy bajos niveles de confiabilidad”: riesgos por derrames, naufragios, incendios, colisiones y hasta inundaciones; más de la mitad de los 22 tanqueros de la flota nacional se hallan tan inoperativos que deberían repararse o salir fuera de náutica ipso facto, según el informe “Deficiencias críticas y riesgos de la flota de tanqueros de PDVMarina”, compartido con Reuters por lo cual esta se ha visto obligada a arrendar tanqueros para distribuir su petróleo, lo que aorta el mayor ingreso de divisas a Venezuela. Sin embargo, por tales alquileres Pdvsa debe pagar un sobreprecio considerable puesto que está a la espera de nuevos buques ordenados desde 2005 a Irán y Argentina.
Una arbitrariedad que bien podríamos tipificar como delito de alta traición a la patria estaría en la condonación de deudas a “países amigos”, equivalentes a unos 70 millardos de USD como obsequio/gratificación por proxenetas del régimen ante organismos internacionales.
Tratados convenidos en conciliábulos, sin aprobación de la AN ni el Vº Bº de la PGN, durante unos 24 años continuos (1999-2023).