Desde 2002, cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una problemática que en Venezuela se consolidó en la última década debido a la necesidad de supervivencia familiar frente al deterioro de los ingresos y, al mismo tiempo, como uno de los principales motivos de exclusión educativa. Cada vez que un niño o adolescente deja el aula para incorporarse al mercado laboral, el país pierde oportunidades de desarrollo, movilidad social y construcción de capital humano.
Aunque en el país no existe data oficial sobre este tema desde hace años, los registros de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello evidencian que la necesidad de trabajar se convirtió progresivamente en una causa relevante de desescolarización entre adolescentes.
En 2017, 9% de los adolescentes de entre 12 y 17 años que estaban fuera del sistema educativo abandonaron los estudios para incorporarse al trabajo. La situación se agravó durante la pandemia y alcanzó su punto más alto en 2021, cuando la cifra subió a 16%.
Aunque en 2025 se observa una disminución hasta 12%, el fenómeno sigue teniendo un peso determinante y, actualmente, uno de cada ocho adolescentes fuera de la escuela dejó de estudiar para trabajar.
La pobreza transforma a niños y adolescentes en fuerza laboral
Los informes sostienen que los hogares venezolanos han recurrido a la “maximización del aprovechamiento de su fuerza de trabajo” para cubrir necesidades básicas, por lo que niños y adolescentes comienzan a aportar ingresos en edades cada vez más tempranas.
Los hombres adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad, presentan mayor riesgo de abandonar la escuela por trabajo. En 2017, 12% de los varones desescolarizados señaló el trabajo como razón principal para abandonar las clases, frente a solo 4% de las mujeres, mientras que en 2025 el patrón femenino se mantuvo y el masculino aumentó a 19%.
La presión económica se vuelve aún más evidente en el grupo de entre 18 y 24 años. En 2017, 32% de los jóvenes fuera del sistema educativo indicó que el trabajo había motivado su salida del sistema. Aunque el porcentaje descendió ligeramente hasta 29% en 2025, sigue reflejando un fuerte desplazamiento de la educación hacia la actividad económica.
Este comportamiento coincide con el deterioro histórico de la cobertura educativa en educación superior, que en 2025 fue de 22%, y con el aumento de la participación juvenil en empleos precarios.
Agricultura, comercio informal y autoempleo: los principales destinos laborales
Uno de los espacios de mayor incidencia es la agricultura. En hogares en pobreza extrema, 68% de los trabajadores está vinculado con actividades agrícolas, lo que aumenta la posibilidad de incorporación temprana de menores a labores del campo.
El comercio informal aparece como otro de los principales destinos. Ventas ambulantes, pequeños servicios urbanos y actividades de baja productividad forman parte del universo ocupacional al que ingresan jóvenes que abandonan el sistema educativo.
También destacan los llamados servicios elementales, relacionados con limpieza, mantenimiento y tareas de baja calificación. Este sector presenta elevados niveles de pobreza extrema y suele convertirse en puerta de entrada laboral para personas con baja escolaridad.
A ello se suma el fenómeno del trabajo por cuenta propia. Encovi indica que uno de cada dos trabajadores en Venezuela se encuentra autoempleado, una condición que para menores suele traducirse en ausencia de contratos, protección social o estabilidad.
Alertas sobre explotación infantil en zonas mineras
En 2024, la ONG Fundaredes denunció vulneraciones de derechos humanos contra menores de edad obligados a trabajar en el Arco Minero del Orinoco.
El informe del observatorio de medio ambiente de la ONG reseñó que, principalmente, en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro niños y adolescentes, especialmente de comunidades indígenas, son víctimas de “tratos crueles por parte de grupos armados irregulares” que ejercen la minería ilegal.
“La inacción del Estado venezolano ante estas atrocidades permite que estos grupos delictivos operen sin control, vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades indígenas”, indicó el documento
Emmanuel Rivas, representante de Caleidoscopio Humano, también denunció el año pasado que la crisis generalizada tiene a los niños en el foco de la vulnerabilidad. Muchos de ellos son captados por bandas criminales que se dedican al tráfico de drogas, al contrabando o se los llevan con ofertas engañosas y terminan fuera del país viviendo en condiciones de exclavitud.
En el caso de las niñas, en el Arco Minero se convirtieron en moneda de cambio entre las mafias y terminan bajo explotación sexual, aseguró.
Una estadística del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estima que unos 1.300 menores de 18 años están trabajando en las minas del estado Bolívar y Amazonas.
Un fenómeno prohibido por el derecho internacional y la legislación nacional
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad que priva a niños y adolescentes de su niñez, potencial y dignidad, además de perjudicar su desarrollo físico y psicológico.
La OIT advierte además que estas actividades vulneran el derecho internacional y las legislaciones nacionales, al impedir el acceso efectivo a la educación o imponer una doble carga entre escuela y trabajo.
Venezuela forma parte de este marco internacional mediante la ratificación de los convenios 138 y 182 sobre edad mínima, fijada en 15 años a nivel internacional, y las peores formas de trabajo infantil (esclavitud, trata, pornografía, trabajos peligrosos y reclutamiento forzado).
La legislación venezolana, a través del artículo 94 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), establece que los adolescentes no pueden ejercer ningún tipo de trabajo que esté expresamente prohibido por la ley, que sea peligroso, nocivo para su salud o que menoscabe su derecho a la educación.
El artículo 96 de esta ley fija en todo el territorio nacional los 14 años como la edad mínima para trabajar. Mientras que el artículo 38 prohíbe cualquier forma de esclavitud, servidumbre, explotación o trabajos forzosos para todos los menores de 18 años.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras complementa a la Lopnna a través del capítulo III, que está dedicado exclusivamente a la protección del adolescente trabajador. Exige que el trabajo no interfiera con su escolaridad y obliga a los empleadores a garantizar condiciones seguras, salarios justos y seguridad social. Establece asimismo que se requiere la autorización del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el permiso de los padres o representantes legales para que el menor de edad pueda trabajar.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2026
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar una problemática que continúa afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el planeta, se conmemora este año bajo el lema «Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para niños, trabajo decente para adultos».
La campaña de este año busca impulsar políticas que garanticen educación de calidad, protección social, empleos dignos para los adultos y una aplicación más efectiva de las leyes que protegen a la infancia.
De acuerdo con las estimaciones más recientes de la OIT y Unicef, alrededor de 138 millones de niños y niñas siguen trabajando en el mundo, mientras que casi 54 millones realizan labores consideradas peligrosas, es decir, actividades que ponen en riesgo su salud, seguridad o desarrollo.
Aunque los organismos internacionales destacan que se han registrado avances en los últimos años, advierten que el ritmo actual es insuficiente para alcanzar la meta de erradicar el trabajo infantil.
El trabajo infantil no puede entenderse únicamente como resultado de bajos ingresos, se trata de un fenómeno multifactorial donde confluyen inseguridad alimentaria, ausencia de protección social, migración, ruptura del tejido familiar, violencia intrafamiliar y debilidades institucionales. A ello se suma la limitada capacidad de actuación preventiva de organismos encargados de protección infantil.
En Venezuela, aunque existen mecanismos legales, gran parte de la intervención depende de denuncias particulares y no de actuaciones de oficio. Esto deja fuera del radar numerosos casos que permanecen invisibles.
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