Caracas. Evitar tener emociones fuertes es la única alternativa que Jesús Jaramillo, un trabajador jubilado del sector docente, utiliza cuando no puede comprar el medicamento que necesita para controlar su hipertensión.
Su salario como extrabajador del área administrativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) le es insuficiente para costear el tratamiento, por lo que a veces prefiere olvidar que lo necesita.
Para el tratamiento de su hija, una joven de 30 años, quien tiene una discapacidad y necesita tomar anticonvulsivantes que la mayoría de veces no puede adquirir, muchas veces lo sustituye con remedios naturales que la ayuden a mantener las convulsiones al margen.
Tampoco puede llevarla a especialistas que necesita y que en el pasado, tenía la posibilidad de pagar. Desde hace años, siente que los distintos problemas por los que atraviesa el país lo han perseguido. No obstante, las fallas en el sistema sanitario son los que más lo perjudican.
«Yo llevé a mi esposa al hospital buscando la vida y a las 2:00 p. m. encontró la muerte», recuerda el hombre de 66 años, quien perdió a su pareja en el 2018, tras llevarla a un centro de salud para controlar un episodio de hipertensión.
Con voz quebradiza rememora que en ese entonces, por falta de equipos, medicamentos y ambulancias disponibles para trasladarla a otro hospital cercano a los Valles del Tuy, estado Miranda, no pudo recibir la debida atención.
Pese a recordarlo como uno de los momentos más dolorosos de su vida, siempre intenta mantener fuerzas y le sirve como impulso para salir a la calle en representación de otros jubilados y pensionados que, así como él, buscan sobrevivir con los bajos salarios.
Todos exigen que se les considere como salario los $90 recibidos por bono de guerra económica y $40 correspondientes al cesta ticket, anunciados y decretado como salario el 1 de mayo de 2024.
Vivir con poco
Jaramillo asistió el 31 de octubre a una convocatoria en Parque Carabobo, donde varios trabajadores activos, jubilados y pensionados llegaron hasta el Ministerio Público para exigir que les respondan a sus exigencias, entre las que se encuentra un aumento salarial.
Para Jaramillo vivir de 130 bolívares al mes y un bono de guerra de $90 no es suficiente. Por eso, en muchas ocasiones y sin que su hija lo sepa, prefiere saltarse comidas con tal de garantizar que ella sí tenga para comer.
Mientras muestra sus zapatos rotos, expresa que desearía recibir lo justo por dedicar 22 años de trabajo al país; un salario digno que le permita costear gastos básicos como alimentación y vestimenta.
Magaly*, una extrabajadora jubilada de la Alcaldía Metropolitana, dice que «dentro de lo que cabe», vive bien. Sin embargo, su estabilidad no se debe a los 130 bolívares que recibe, sino a la ayuda de su hija que vive en Colombia.
En el vecino país, la mujer de 74 años tiene algunas viviendas que mantiene alquiladas y que le sirven como parte de su sustento en Venezuela, un país que no quiere abandonar y que la lleva a asistir a algunos llamados de trabajadores públicos que exigen mejoras, haciendo caso omiso del bastón que la ayuda a dar pasos con mayor comodidad.
Bonificar el salario
Los trabajadores activos, jubilados y pensionados que acudieron al llamado de la Coalición Sindical Nacional, un movimiento conformado por trabajadores de distintos sectores públicos, pidieron ante el Ministerio Público que el bono de guerra económica y el bono de alimentación sean reconocidos como salario.
Luisa Rada, dirigente del sector docente, expone que la Ley Orgánica del Trabajo dicta en su artículo 104 que las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda, forman parte del salario, por lo que el propósito es que puedan recibir ese monto.
Tras la entrega de la petición, el Ministerio Público afirmó que daría una respuesta en los próximos siete días, lapso en el que los trabajadores esperan tener respuestas satisfactorias, que no formen parte del cúmulo de petitorios entregados en distintos entes del Gobierno y que hasta ahora son ignorados.
Navidades infelices
Un shampoo, un corte de cabello y algunos gastos pequeños fue lo que pudo comprar Rubén Pérez, expresidente de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Carabobo, con los 454 bolívares de aguinaldo.
«Puede que me alcance para comprar jamón, pero no es lo que merecemos. El próximo mes alcanzará para comprar las hojas y después será comer hallacas de pura masa, porque no nos va a dar para la proteína y demás que lleva dentro», reclama el educador, quien insiste que su gremio no se debe conformar con poco.
Agrega que, contrario al discurso de Nicolás Maduro, lo recibido por el concepto de aguinaldo solo garantiza que los trabajadores tengan unas Navidades «infelices».
Critica la propuesta del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, sobre tener a los educadores que ya deben estar fuera de aula por cumplir los años de servicio, para intentar tapar la falta de docentes que hay en el país.
El mismo gobierno de Nicolás Maduro admitió en septiembre de 2024 que hay un déficit de 200.000 docentes en el país, e hizo un llamado a estos para que regresaran al sistema educativo.
«Les hago un llamado por amor a la vocación, por el amor que le tienen a este país, a que se vayan reincorporando a las aulas de clases”, dijo durante una alocución transmitida en televisión nacional.
Redacción: Lucía Fernanda Ramírez @luciferamirezg / Crónica Uno
.