Después de 18 años de servicio fue coaccionado a renunciar del Banco de Venezuela, el exgerente de la zona Andes, John Eber Bonilla, quien aseguró al Diario de Los Andes que junto a otros 40 trabajadores fue víctima de intimidación para que pusiera su cargo a la orden en el mes de mayo de 2024.
En conversación telefónica y a través de un video, Bonilla precisó que personal de seguridad de la entidad bancaria los amenazó para que tomaran la decisión de irse, por lo que formalizó la denuncia ante el Ministerio del Trabajo, solicitó un reenganche y logró una sentencia a su favor, sin embargo, al momento de intentar ejecutarlo junto a la inspectora correspondiente, esta recibió una orden superior en la que se le solicitó dejar la medida sin efecto.
“El día 23 de septiembre del año en curso el Ministerio del Trabajo emite una sentencia en la cual ordena al Banco de Venezuela mi reenganche inmediato a mis funciones. El día 10 de octubre en compañía de la inspectora encargada nos dirigimos al Banco de Venezuela para ejecutar la medida, fuimos atendidos por un personal de Recursos Humanos, quien pasó la información. Estando allí sentados, la inspectora recibe una llamada donde le dicen que tiene que irse del banco, que no puede ejecutar el procedimiento y que se retire del banco”, relató.
Bonilla indicó que a la inspectora le indican desde el Ministerio del Trabajo que debe volver a cumplir con el procedimiento, pero recibió una segunda llamada de parte de una directora en Caracas, que le indicaba que tenía que retirarse y que el trabajador viera qué hacía.
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El extrabajador salió del banco y se fue al Ministerio del Trabajo a solicitar una respuesta del director, pero sólo le dijo que tenía una sentencia a su favor y que sería él el responsable de ver qué hacía. Esto lo llevó a formalizar la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, en donde tampoco ha obtenido respuesta.
John Eber Bonilla solicitó públicamente a los jefes del Ministerio del Trabajo, Banco de Venezuela y Defensoría del Pueblo respuestas a su requerimiento y a la sentencia emitida por una institución del Estado para su reenganche.
