Recientemente una corte federal de apelaciones en California emitió un dictamen que podría marcar un punto de inflexión en la protección de cientos de miles de venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La decisión ratifica que el juez Edward Chen, de San Francisco, tiene la autoridad para seguir evaluando el caso, y con ello reafirma un principio básico de la democracia estadounidense: el sistema de balances y contrapesos que vigila que ninguna rama del poder actúe sin límites ni supervisión.
La noticia es especialmente relevante porque el fallo frena —al menos de manera temporal— los intentos de la administración Trump de poner fin a estas protecciones, que benefician a unas 600.000 personas de origen venezolano.
Según datos del propio tribunal, cerca de 350.000 de estos migrantes ya vieron expirar sus permisos en abril, y otros 250.000 se encuentran a punto de perderlos en septiembre.
La incertidumbre sigue siendo la norma, pero el mensaje que deja la corte es claro: incluso cuando el Ejecutivo decide endurecer la política migratoria, debe hacerlo siguiendo los procedimientos legales y respetando derechos fundamentales.
Es indiscutible que todo país tiene la facultad soberana de decidir quién entra a su territorio y bajo qué condiciones puede permanecer. Este principio se aplica en Estados Unidos como en cualquier otra nación.
También es cierto que quienes ingresan sin la documentación adecuada se exponen a sufrir consecuencias legales, desde detenciones hasta deportaciones. Sin embargo, esta potestad no es absoluta. El sistema legal estadounidense contempla procedimientos específicos para situaciones extraordinarias y, sobre todo, reconoce derechos humanos de carácter supranacional que no pueden ignorarse.
El TPS, creado por el Congreso en 1990, responde precisamente a esta lógica. Permite que ciudadanos de otros países obtengan un estatus migratorio temporal que les autoriza vivir y trabajar en territorio estadounidense de manera legal y sin temor a la deportación. Es, en esencia, un mecanismo humanitario que equilibra el control migratorio con el respeto a la dignidad humana.
En el caso de los venezolanos, la corte determinó que la administración Trump no siguió los procedimientos debidos al tratar de eliminar el TPS. Más aún, el juez Chen encontró elementos suficientes para sostener que esa decisión estuvo influida por motivaciones de animadversión racial. En entrevistas con medios de comunicación, funcionarios de esa administración expresaron un sesgo hacia los migrantes de nuestro país, describiéndolos en términos despectivos y vinculándolos, sin fundamento, con amenazas a la seguridad nacional.
La conclusión de Chen — ahora respaldada por la corte de apelaciones— es que un gobierno no puede escudarse en su autoridad para aplicar medidas que, en la práctica, se convierten en actos discriminatorios. La ley establece criterios claros para otorgar o retirar el TPS, y si estos no se cumplen, la decisión pierde legitimidad.
El episodio pone en evidencia una verdad fundamental: la justicia sigue prevaleciendo en Estados Unidos. Aun cuando la Corte Suprema, en una medida de emergencia, había revertido temporalmente la decisión de Chen sin dar explicaciones, el sistema judicial mantiene su función de revisar, frenar y equilibrar las acciones del poder ejecutivo.
Este contrapeso no significa que la corte busque definir la política migratoria. Su papel consiste en verificar que el Ejecutivo actúe dentro de los límites que le marca la ley y que, en ese proceso, no se violen derechos fundamentales.
Es un recordatorio de que en una democracia no basta con tener buenas intenciones o argumentos de conveniencia política: lo que importa es cumplir las reglas establecidas y garantizar que nadie quede desprotegido frente a decisiones arbitrarias.
La situación de los venezolanos amparados por el TPS sigue siendo frágil. Muchos han construido sus vidas en Estados Unidos durante años, aportando con su trabajo y esfuerzo a la economía y a sus comunidades.
El fin de esta protección, de ejecutarse sin una transición ordenada, pondría en riesgo no solo a estas familias, sino también a las empresas y sectores que dependen de su fuerza laboral.
Por eso, el fallo de la corte debe verse como una oportunidad para el Congreso y el Ejecutivo de retomar un debate serio sobre la política migratoria, más allá de intereses partidistas o cálculos electorales.
Los venezolanos no son una excepción: hay comunidades de diferentes países en situaciones similares. Y si algo enseña este episodio, es que los atajos terminan generando más inseguridad jurídica y más sufrimiento humano.
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