La Habana, 21 ene (EFE).- Apenas seis días duró el acuerdo, mediado por el Vaticano, entre la Administración Biden y La Habana por el que Washington sacaba a Cuba de la lista terrorista a cambio de una excarcelación masiva de presos en la isla.
En la avalancha de órdenes ejecutivas que firmó el republicano Donald Trump en sus primeras horas en el Despacho Oval se encontraba la que regresó a Cuba con carácter inmediato a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida con graves consecuencias financieras.
La decisión había sido anticipada por el nuevo secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, favorable a la línea dura con el Gobierno cubano.
En su comparecencia de confirmación ante el Senado Rubio aseguró que tenía «cero dudas» de que Cuba era un país promotor del terrorismo y avanzó que las decisiones de la Administración Biden no vinculaban para nada a las del nuevo gabinete republicano.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó de «burla» la revocación de una de las últimas decisiones del demócrata Joe Biden tan sólo seis días después.
A su juicio, se trata de un «acto de arrogancia» de Trump que desprecia «la verdad» y sólo busca fortalecer «la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación».
Sobre lo que aún no se ha pronunciado el Gobierno cubano es sobre si cumplirá pese a todo con su parte del trato, ya que la acordó con el Vaticano. Oficialmente, La Habana nunca ha vinculado la lista y la excarcelación: sólo Washington ha hablado de acuerdo.
Hasta el momento y de acuerdo con las ONG de derechos humanos en la isla que contabilizan presos por motivos políticos -Justicia 11J, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Prisoners Defenders-, unos 150 reos habían salido hasta este lunes de la cárcel gracias a este entendimiento trilateral.
No obstante, hay además un número indeterminado de reclusos comunes que se han beneficiado de esta medida.
El Gobierno cubano había anunciado la excarcelación de 553 personas «sancionadas por diversos delitos», pero no ha hecho pública una lista de nombres y no ha actualizado en los últimos días sobre el total de agraciados. El jueves pasado habló de 127.
Entre los excarcelados registrados por las ONG predominan los hombres jóvenes sin historial activista previo que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 -las mayores en décadas- y que han quedado oficialmente en libertad condicional (sin extinción de pena).
Entre los beneficiados también hay opositores históricos, como Félix Navarro y José Daniel Ferrer, y activistas como Pedro Albert Sánchez, Luis Robles y la dama de Blanco Tania Echeverría.
Sin embargo, quedan en prisión aún muchos presos considerados políticos, entre ellos algunos con reconocimiento internacional como los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, calificados como presos de conciencia por Amnistía Internacional.
La mayoría son desconocidos para la audiencia internacional. Prisoners Defenders registró a finales de 2024 un total de 1.161 presos por razones políticas en Cuba. Justicia 11J cifra en 549 los manifestantes del 11J condenados.
El futuro de estas personas encarceladas es ahora incierto, como también el de Cuba en su conjunto con la llegada de Trump.
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La isla se encontraba ya sumida en una grave crisis económica y energética, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, prolongados apagones diarios y una inflación que ha triplicado los precios desde 2021.
Las dificultades del país para estabilizar su economía, asegurar los productos básicos y volver a crecer -su producto interno bruto (PIB) está por debajo de los niveles de 2019- podrían agravarse aún más con una Administración estadounidense abiertamente en contra.
De hecho, la situación actual del país se debe a las consecuencias de la covid-19 y varias políticas económicas y monetarias fallidas implementadas por La Habana, pero también al endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
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