Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270 legisladores regionales, 335 alcaldes y 2.471 concejales municipales. En total, se eligieron más de 3.300 cargos públicos y no habrá más elecciones hasta 2029, cuando se renueven los gobernadores y alcaldes. Las elecciones parlamentarias y presidenciales están programadas constitucionalmente para 2030. Gracias a la abstención y división de la oposición, el gobierno consolidó su hegemonía y control territorial.
El debate político-electoral entrará en una pausa de cuatro años. En adelante, la prioridad es la economía y la variable subordinada será la política. El debate económico pasará al mando y habrá que estar atentos a las reformas económicas que aplicará el gobierno para amortiguar el impacto de las sanciones. Con ese fin, profundizará su política de apertura a la inversión extranjera, desregulación y liberalización de la actividad económica. El dejar hacer se impondrá como principio rector de la política económica en los próximos cinco años. El cambio económico sin cambio político seguirá en marcha y quienes se queden estancados en la diatriba política perderán las nuevas oportunidades de negocios e inversión que surgirán en Venezuela.
La agenda económica es amplia y compleja. Entre las prioridades está restaurar los equilibrios macroeconómicos y levantar las trabas que alejan a la inversión privada, en función de lograr una reactivación estable y duradera de la economía nacional. Las distorsiones cambiarias y de precios, la voracidad fiscal, el exceso de regulaciones, la falta de garantías procesales y la violación a los derechos de propiedad conforman un ambiente hostil que aleja la inversión empresarial. Corregir el déficit fiscal, erradicar la emisión de dinero sin respaldo, estabilizar el tipo de cambio, conjurar las presiones inflacionarias, aumentar el crédito bancario y aliviar la presión tributaria son objetivos a corto plazo de una política económica que ofrezca un ambiente propicio a la inversión productiva.
La experiencia reciente enseña que no corregir oportunamente los errores de política económica recrudecen la inflación y escasez. Las medidas de ajuste económico pendientes se aplicarán a lo largo de estos cuatro años. Por lo tanto, es necesario estimular el debate económico nacional para que las medidas sean las correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada.
La normalización de la economía: ¿Espejismo o realidad?
Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV) difundidos por Nicolás Maduro en su programa semanal, en los dos primeros trimestres de 2025 la economía venezolana registró un crecimiento del 9 % y 6,65 % respectivamente, para un crecimiento promedio en el primer semestre del 7,71 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Según la información oficial, la economía venezolana continúa creciendo y puede que esta tendencia se prolongue si se flexibilizan las sanciones, se restauran los equilibrios macroeconómicos y se adecúa el marco legal e institucional para crear un ambiente de seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad que estimule la inversión privada nacional y extranjera.
Con el agotamiento del rentismo petrolero, el gasto público dejó de ser el motor de la economía venezolana. El país necesita inversión privada a gran escala para repotenciar la infraestructura vial, de puertos, aeropuertos y servicios de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. A través de la Ley de Concesiones se puede transferir a inversionistas privados la repotenciación y gestión de los servicios públicos e infraestructura que requiere la reactivación del aparato productivo nacional y la mejora en las condiciones de vida de la población.
La economía venezolana está siendo dinamizada por una mayor inversión privada que todavía resulta insuficiente para poder hablar de una normalización de la actividad económica. Todavía queda mucho por hacer. Para estimular una creciente inversión privada en áreas claves de la economía es necesario contar con estabilidad macroeconómica y reglas del juego claras y estables, administradas por instituciones sólidas que ofrezcan seguridad jurídica, garanticen los derechos de propiedad y generen confianza en el inversionista.
Para lograr la estabilidad macroeconómica hay que corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario. Implica alcanzar un tipo de cambio de equilibrio que a su vez exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo interno.
Para estimular la iniciativa privada y el emprendimiento productivo que contribuyan a superar los problemas de escasez, inflación, desempleo, pobreza y exclusión social, es necesario adecuar el marco legal, fortalecer las instituciones económicas y poner en marcha una reforma integral del Estado para reducir su tamaño, mejorar su eficacia y desmantelar el entramado de controles que propician la discrecionalidad y arbitrariedad de funcionarios corruptos que no rinden cuentas y convierten la función pública en una fuente de privilegios y enriquecimiento ilícito
La independencia del poder judicial para dirimir controversias entre privados y el Estado, la autonomía del BCV, la disciplina fiscal y monetaria, la estabilidad cambiaria y de precios son puntos claves en una agenda económica que se plantee lograr una recuperación económica sostenida.
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En materia petrolera, Trump quiere evitar que Venezuela busque apoyo en los rivales geopolíticos de EEUU y que Pdvsa entregue a Rusia, China, Irán o Turquía el control de las empresas mixtas en las que participa Chevron. No es conveniente para los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU perder el control operativo que tiene Chevron en las cuatro empresas mixtas que tiene con Pdvsa para que estas pasen a manos de sus rivales geopolíticos.
Para conjurar esta amenaza, a través de la licencia a Chevron se han reactivado las exportaciones de petróleo venezolano al mercado estadunidense. Por lo pronto, la licencia a Chevron prohíbe el pago directo de regalías e impuestos al gobierno de Venezuela, pero estos pagos no los hace Chevron sino las cuatro empresas mixtas en las que participa como accionista minoritario. El acuerdo consiste en que la empresa mixta le traslada el control de la operación productiva a su socio Chevron, pero es la empresa mixta con mayoría accionaria de Pdvsa quien paga las regalías e impuestos al Estado venezolano. De esta forma Chevron se libera de cualquier penalización.
Con una oposición dividida y derrotada, sin poder institucional, el diálogo y la negociación se trasladan a la esfera geopolítica y serán las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores las que crearán el ambiente para la recuperación sostenida de la economía venezolana. La flexibilización de sanciones a cambio de recibir migrantes y liberar presos políticos y estadounidenses será un indicador de la evolución de las negociaciones.
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