Prensa OVV Mérida.- El estado Mérida, entre 2017-2020, se mantuvo en el ranking nacional como una de las entidades con menor tasa de muertes violentas de Venezuela, de acuerdo al Informe Anual Regional de Violencia que elabora el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) y que fue presentado durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación. En ese período, la región osciló entre el puesto 23 y 24, con valores entre 18 y 31 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (MV100m/h); no obstante, esta realidad cambió durante el 2021, cuando se posicionó en el puesto 18.
En 2020 se estimó la tasa en 18,7 MV100m/h, mientras que para 2021 el indicador arrojó un valor de 25,5 MV100m/h, lo que significa un aumento de 36,4%. Sin embargo, al compararla con la tasa de Venezuela (40,9 MV100m/h), la de Mérida resultó ser 60,4% inferior a la nacional. Esta tasa -según explicó el equipo del OVV Mérida- se obtiene de la sumatoria de otro conjunto de tasas estimadas por cada 100 mil habitantes, es decir, de homicidios, muertes por resistencia a la autoridad y muertes en averiguación, por lo que su comportamiento al ascenso o descenso, va a depender, a su vez, del comportamiento específico de estos tres indicadores.
Según el informe, la tasa de homicidios muestra un descenso continuo en los últimos años (17 en 2018, 15 en 2019 y 6 en 2020); incluso, ese aparente declive se mantiene en 2021 (5,5 homicidios 100m/h). “Por el contrario, la de resistencia a la autoridad aumentó en ese período (3, 6 y 7, respectivamente) pero cayó de forma importante el presente año (2,2). Entre tanto, la propensión de la de muertes en averiguación ha sido fluctuante: 6 (2018), 10 (2019), 6 (2020), aun cuando en 2021 ascendió considerablemente a 17,6, de allí que esta última tasa es la responsable del aumento de la tasa de muertes violentas en la entidad”. Describe el informe que anualmente elabora el observatorio regional.
En cuanto a la considerable disminución de la tasa de muertes por resistencia a la autoridad, el documento señala dos razones. Una, es la presión ejercida hacia las autoridades gubernamentales de parte de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales -como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional, entre otras- que en los últimos años han denunciado de manera sostenida, por los medios y a través de informes, la actuación al margen de la ley de cuerpos de seguridad pública en aras de reducir los índices delictivos en el país, la cual consideran injustificable y violatoria de derechos humanos de los individuos víctimas de esos procedimientos. Otra explicación es que entre 2017-2021 (según registros del OVV Mérida), al menos 250 merideños, en su mayoría presuntos delincuentes, fallecieron en enfrentamientos con funcionarios policiales, situación que reduce la cantidad de potenciales víctimas ante el accionar de los efectivos policiales en operativos de seguridad ciudadana.
En relación al aumento de la tasa de muertes en averiguación -expone el informe- podría explicarse debido a la manera como se están registrando las muertes violentas. Durante una entrevista realizada a Liria Vergara, ex directora estratégica de evaluación y seguimiento de políticas públicas de la Corporación de Salud (Corposalud) Mérida, quien durante muchos años ha estado al frente de la administración del Sistema de Información de Salud (SIS), comentó que quizás muchos patólogos forenses, que llenan los certificados de defunción, para evitar problemas y no verse inmersos en averiguaciones legales, optan por modificar la causa básica de defunción.
Por otra parte, también señala el documento que, además, es muy probable que en buena medida el incremento de las muertes en averiguación se haya dado por un aumento de casos de presuntos suicidios que quedan “ocultos” dentro de esa categoría de muerte. Como dato relevante, y que daría más sustento a lo anterior, en Mérida aumentaron significativamente los casos de presuntos suicidios conocidos a través de los medios. En 2020 se identificaron 18 sucesos, mientras que en 2021 ese valor se elevó a 45 (150% de incremento).
Espacios para la violencia
Al igual que en años anteriores, el Informe Anual Regional de Violencia señala a los municipios Alberto Adriani y Libertador (de los 23 que conforman la entidad) como los territorios donde se registran más delitos de violencia interpersonal. De los 190 identificados, 23,2% sucedieron en el primero y 20,0% en el segundo, siendo los homicidios intencionales, los robos, las agresiones, las violaciones sexuales y otras agresiones de este tipo, las transgresiones más frecuentes en éstos. “El municipio Tovar este año ocupó en solitario el tercer lugar (10,0%), puesto que en años anteriores se equiparaba en ese puesto con Campo Elías (8,4%, cuarto lugar, urbano). En el quinto se ubicó Sucre (6,8%, urbano) y, de allí en adelante, le siguen 18 municipalidades que en su mayoría son rurales y en donde se conocen pocos casos de delitos, las cuales en conjunto concentran 31,6% del resto de delitos identificados”. Describe el documento.
Entre las razones que revela el informe para que estos 5 municipios continúen registrando la mayor parte de los delitos de violencia interpersonal, destaca, en primer lugar, el hecho que concentran 67,4% de la población total de la entidad y son los territorios donde acontecen más del 70% de esos delitos. Por otro lado, el homicidio intencional, además de ser el delito más reseñado en los medios, tiene su mayor ocurrencia en estas áreas (52,3% de los 44 identificados). El informe explica, igualmente, que en estas zonas opera la mayoría de bandas delincuenciales conocidas (17 de las 23 documentadas en 2021, es decir, 73,9%) y que son áreas que concentran más del 80% de la población urbana del estado, por lo que, en consecuencia, son las de mayor diversificación y dinamismo económico.
En resumen, en Mérida se incrementó la tasa de muertes violentas y la entidad dejó de estar entre las menos violentas del país como consecuencia, principalmente, del aumento de las muertes en averiguación. Ante esta situación, el OVV Mérida considera necesario que las autoridades competentes se avoquen a buscar los mecanismos para mejorar el registro de estas estadísticas en pro de diagnosticar, de forma más próxima, la realidad imperante, puesto que esto lleva a subestimar las tasas de homicidios y de suicidios, entre otros indicadores, tanto a escala regional como nacional, lo cual va en detrimento del diseño y ejecución de políticas públicas en materia de violencia. “Si bien es cierto la violencia policial/militar ha perdido un peso considerable en la región, reflejado en la disminución de muertes por intervenciones policiales, no obstante, siguen ocurriendo decesos por resistencia a la autoridad que violan derechos humanos de las víctimas involucradas”. Finalizó señalando el equipo del OVV Mérida.