Zulma López/ DLA.- Una protesta simbólica denominada “Pégate a La Llorona”, realizó este jueves un grupo de integrantes del comité de usuarios de los servicios públicos, quienes se trasladaron hacia la sede de Corpoelec de la ciudad de San Cristóbal, para protestar contra la mala prestación de la empresa que somete a los tachirenses a reiterados y extensos cortes eléctricos y adicionalmente impone el Plan Borrón y Cuenta nueva a través del cual están cobrando 1000 Bolívares.
Durante la actividad, un grupo de mujeres se apostaron en la sede de la empresa Corpoelec, escenificando al personaje venezolano La Llorona. En el lugar lloraron y expusieron la difícil situación que están viviendo con las altas tarifas de los servicios públicos y los reiterados apagones que se extiende hasta por 8 horas diarias.
Yajaira Hómez, representante del Comité de Usuarios de los servicios públicos en el Táchira, indicó que de esta manera quieren llamar la atención de Cantv, Corpoelec, Hidrosuroeste y los organismos que han venido prestando un mal servicio, incrementando desproporcionadamente sus tarifas y desmejorando la calidad de vida de los venezolanos.
Hómez aseguró que unas de las motivaciones que tuvieron para realizar la simbólica protesta es que Corpoelec decidió de manera inconsulta el Plan Borrón y Cuenta Nueva, “hasta agosto de 2023 sabemos que les están cobrando a los usuarios 1000 bolívares, no sabemos quién tomó esa decisión y tampoco sabemos a dónde van esos 1000 bolívares porque para nadie es un secreto que el servicio o el fluido eléctrico cada día se nota que va en detrimento”, expresó.
Agregó que son más de 8 horas de racionamiento porque no existe una planificación debida y recordó que los artefactos eléctricos en cada una de las casas se ven afectados, las neveras, los televisores y los equipos de sonido se queman porque la electricidad la quitan de una manera estrepitosa.
Dijo que, como usuarios de los servicios públicos, todos los días se preguntan, “¿a quién le reclamamos, a dónde nos dirigimos?, y también le recordó a los encargados de la Defensoría del Pueblo que les han entregado comunicaciones exponiendo la situación, pero hasta los momentos no han tenido una respuesta asertiva.
Para Hómez no se justifica que un jubilado, un pensionado, un incapacitado cobre 130 bolívares y los servicios en su totalidad estén por encima de los 400 bolívares.
“El llamado es para que los organismos competentes hagan un diagnóstico, que de verdad hagan una evaluación y que el usuario del estado Táchira, quede complacido ante esta situación que cada día en vez de ver que sea un servicio de calidad es un servicio que va en retroceso”, señaló.
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Aseguró que el comité de usuarios seguirá trabajando en función de lograr una respuesta que les permita mejorar la calidad de los servicios públicos en Táchira.
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