El Tribunal Quinto de Control del estado Táchira ordenó investigar a los funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, que presuntamente están incursos en crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos por la demolición de un restaurante en el Terminal de Pasajeros de la capital tachirense y de dos locales en el Hospital Central.
La información la dio a conocer en rueda de prensa este lunes 4 de septiembre el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acompañado de los abogados defensores de estas causas, Omar Sayago y Reinaldo Pedroza, al explicar que el Ministerio Público había cerrado las dos averiguaciones mediante la figura del sobreseimiento, pero el tribunal reabrió el proceso.
“El Ministerio Público no ha sido un órgano imparcial, actuaba al servicio de la Alcaldía, encubriendo los graves hechos que han sido denunciados, que se convirtió en una política de Estado, en una política del municipio. No es un hecho aislado lo que ocurrió con la destrucción de los dos restaurantes del Hospital Central y el restaurante del Terminal de Pasajeros. A eso se agrega denuncias de violación de derechos humanos contra buhoneros, contra licoreros, contra repuesteros, contra bodegueros, que culminó con el caso de la señora María Lourdis Zambrano, quien falleció producto de un mal procedimiento de funcionarios de la Alcaldía”, expresó.
Por su parte, el abogado Omar Sayago precisó que los días 17 de abril y 3 de julio del año en curso, el Tribunal de Control Quinto en materia penal del Circuito Judicial del estado Táchira contradijo y rechazó el sobreseimiento y el desestimiento por parte de la Fiscalía General de la República, en donde a través de la unidad de depuración y la Fiscalía Séptima buscaban era hacerles seguimiento a los casos del Hospital Central y del Terminal de Pasajeros.
“Enviaron nuevamente a la Fiscalía a que se continuara la investigación impuesta por la señora Andrea Ramírez, propietaria del local comercial 310 del Terminal de Pasajeros y del señor Óscar Escalante y Pablo Novoa, dueños y propietarios de los locales demolidos arbitrariamente por parte la Acaldía del municipio San Cristóbal”, indicó.
Detalló Sayago que esta orden que le dio el tribunal obliga a la Fiscalía a continuar con la investigación y las prácticas de experticia en contra de los ciudadanos Rodolfo Martínez, director general de la alcaldía del municipio San Cristóbal; Mario Izarra, síndico para aquel entonces; Neomar Ferreira, director del Terminal de Pasajeros y su abogado adjunto, Gerson Ramírez; el abogado José Corzo, adscrito a la sindicatura del municipio, y dos funcionarios de la Policía Municipal de San Cristóbal.
Caso de Barrio Sucre
Sobre la denuncia de la muerte de una comerciante de Barrio Sucre producto de un infarto generado después de la actuación fiscal en su bodega, Walter Márquez reiteró que ese procedimiento no cumplió con los requisitos de ley, pues fue un allanamiento, donde hubo abuso de poder y agavillamiento por parte de los funcionarios municipales.
Lamentó que el alcalde Silfredo Zambrano justificara a sus funcionarios alegando que la señora no murió el mismo día de los hechos, cuando están las pruebas médicas de lo ocurrido desde el día del allanamiento, debido a que María Lourdis era hipertensa y diabética.
“Yo emplazo al señor Alcalde a que le ponga orden a los funcionarios que están atropellando a los ciudadanos. Vale más una vida que un tributo. Señor alcalde, usted no ha estudiado medicina, pero por lo visto tampoco estudió derechos humanos. ¿Cómo califica usted el que una persona hipertensa y con diabetes sufra el impacto de que irrumpan un grupo de funcionarios?, le esculquen todo el negocio, le impongan una multa de mil dólares y le cierren el negocio por veinte días. Eso incluso hasta violencia de género contra una señora. Está totalmente documentado”, expresó Márquez.
El defensor de derechos humanos aclaró que la denuncia fue formalizada el 14 de agosto ante el Ministerio Público y organismos internacionales, porque los familiares de la víctima tenían temor a denunciar y no le habían informado lo ocurrido, pero destacó que son delitos que no prescriben.
“¿Por qué le parece sospechoso al Alcalde que hayamos declarado meses después? Es sospechoso que a él le parezca sospechoso. En vez de haber dicho ordeno una investigación por estos hechos, él empieza a defender a sus funcionarios”, dijo.