Comerciantes informales protestaron este martes 28 de marzo en los alrededores de la plaza Bolívar del centro de la ciudad de San Cristóbal, en rechazo a la medida de desalojo ordenada por el alcalde de la capital tachirense, Silfredo Zambrano, pues aseguran que 400 familias se quedarán sin empleo y más de 3.000 personas sin sustento diario.
La secretaria General de la economía informal, Luzmary Rodríguez, relató que desde el año pasado han estado trabajando con la alcaldía en el ordenamiento de las aceras para darle paso al peatón y en la búsqueda de terrenos para su reubicación, pero como no han encontrado para donde irse el pasado lunes 27 de marzo la orden del alcalde fue el despeje de las calles.
“Somos 400 familias, más las asociaciones, más las personas que nos venden el café, son muchas personas que van a ser desalojadas. Nos está pidiendo totalmente el casco central sin buhoneros. Señor alcalde, necesitamos una solución, detrás de nosotros hay cinco, siete, ocho familias, súmelos, serían como 3.000 personas afectadas, y desde el sindicato hemos puesto toda la colaboración para buscar una reubicación, pero no lo hemos logrado. Si queremos una ciudad bonita, pero ¿a dónde nos vamos a ir? Si a las mismas personas que están pagando impuestos les está diciendo que son un estorbo en el centro”, expresó.
Rodríguez precisó que son 20 cuadras del centro de la capital tachirense las que están ocupadas con la economía informal, porque entre ellos también están docentes, bedeles y funcionarios públicos que ganan un sueldo mínimo y completan sus ingresos con venta de mercancía. Detalló que el 30%de los trabajadores son personas de la tercera edad.
A su juicio, le corresponde a la alcaldía buscar la solución y no a ellos como economía informal, pero aun así presentaron varios edificios y terrenos abandonados para su uso, como el área quemada del Centro Cívico, aunque la respuesta ha sido negativa, y desde el viernes de la semana pasada ya fueron desalojados 120 trabajadores.
Pagan impuestos
Juan de Dios Barboza Lozano, conocido como el barquillero, trabaja desde hace 17 años en los alrededores de la plaza Bolívar de San Cristóbal. No entiende porqué si ha estado cancelando los impuestos por patente y comercio ahora no lo quieren dejar trabajar.
“Yo en diciembre pagué 289.000 pesos y en enero fui y pagué la misma cantidad, y nos están sacando. Queremos trabajar, yo soy un señor que tengo 62 años, no tengo otro sustento de trabajo y a la edad mía ya no puedo trabajar en ninguna empresa y un salario mínimo ya no alcanza ni para los pasajes, señor alcalde. Al menos tengo mi máquina (de hacer barquillas) y ahí soluciono para mi esposa y para mí, mi esposa es discapacitada”, expresó.
Por su parte, Rosalba Machado relató que desde hace un mes los grupos policiales los han estado siguiendo, tanto así que su esposo fue golpeado en una oportunidad. Solicita respeto por parte de la alcaldía. “Al señor alcalde ya lo tienen descubierto que él tiene plata, que tiene la familia con empresas en Estados Unidos y que se puso una camisa roja para mandarnos a perseguir.
