Las revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien informó recientemente ante la Jurisdicción Especial por La Paz (JEP) que existen 200 fosas comunes en la frontera colombo venezolano han generado reacciones entre factores políticos y defensores de Derechos Humanos.
La coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, a través de una nota de prensa, exigió una investigación transparente sobre estos hechos y pidió la incorporación de representantes de organismos internacionales especialistas en derechos humanos para esclarecer la denuncia.
La dirigente política recordó que tienen años denunciando las asociaciones criminales que no solo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera y hasta la fecha no ha ocurrido una demostración real por acabar con las bandas que aún se mantienen en las zonas.
«No es un secreto cómo mujeres, ancianos, niños y hombres han sido víctimas no solo de hurto, sino hasta de secuestro por parte de grupos paramilitares que operan en los sectores a la vista de uniformados y el silencio ha sido la única respuesta para todas esas personas”, manifestó.
Recordó que tal y como se conoció públicamente el gobierno de Colombia y Venezuela acordaron trabajar para encontrar los cuerpos desaparecidos según Mancuso, pero eso no puede quedar simplemente en declaraciones, se tiene que hacer una investigación real y tener una verdadera voluntad política para combatir el flagelo que se da en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abriera la frontera. «Son centenares de familias que desconocen el paradero de sus seres”, agregó.
Vera expresó que no se puede combatir la violencia ocasionando zozobra en la población de Ureña, en donde se están montando operativos de seguridad. «Se tiene que hacer un trabajo organizado y realmente operativo que dé resultados satisfactorios para o por los ciudadanos que transitan y hacen vida en la zona”, puntualizó.
Investigar autoridades entre los años 2001 -2004
El director de Provea, Marino Alvarado, propuso llamar a declarar a quienes entre los años 2000 y 2004 tenían altas responsabilidades de gestión de gobierno en el Táchira para que se les interrogue si tenían algún conocimiento sobre las revelaciones del exjefe paramilitar Salvatores Mancuso.
Alvarado recordó en su cuenta en Twitter que para esos años en el Táchira entre las principales autoridades estaban el Gobernador Ronald Blanco La Cruz, el alcalde del municipio Bolívar José Ramón Vivas y el alcalde del municipio Pedro María Ureña Jesús María Mendoza.
Agregó que también debe llamarse a declarar a quienes eran las máximas autoridades policiales y militares en el estado y de cada municipio donde estarían las fosas comunes.
«Un hecho tan grave de asesinato y desapariciones forzadas no puede quedar impune», escribió en su red social twitter.
El defensor de Derechos Humanos propuso también considerar la propuesta hecha por el exdiputado Walter Márquez sobre la creación de una comisión binacional de investigación que pudiese contar con el apoyo de organismos internacionales.
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Zulma López| DLA.-
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