*Frente a la Residencia de Gobernadores del estado Táchira, representantes del gremio docente denuncian que cerca de 4 mil educadores dependen de un servicio médico que fue suspendido, además de exigir el pago del bono de alimentación, las cuatro semanas y el bono de profesionalización. Uno de los manifestantes aseguró que percibe 800 bolívares mensuales y necesita una consulta cardiológica que cuesta 70 dólares.
Luzfrandy Contreras /DLA
Educadores jubilados y pensionados del estado Táchira protestaron pacíficamente frente a la Residencia de Gobernadores para exigir respuestas a sus reclamos laborales y rechazar la suspensión del servicio de salud destinado a los trabajadores de la administración pública regional.
Doris Medina, secretaria general de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados del Estado Táchira, explicó que el gremio ha acudido en reiteradas oportunidades ante el Ejecutivo regional para solicitar la restitución de beneficios que, según indicó, dejaron de recibir cuando la Oficina Nacional de Presupuesto -Onapre- asumió el control administrativo y de pago al personal docente.
Entre los beneficios que reclaman figuran el bono de alimentación o cesta ticket, el complemento correspondiente a las cuatro semanas y el bono de profesionalización. Sostuvo que estas reivindicaciones están contempladas en las contrataciones colectivas y pidió al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, que interceda ante los organismos competentes para obtener respuestas.
«No ha sido por falta de reclamos. Siempre hemos estado insistiendo ante el gobierno regional para recuperar esos beneficios que por ley y derecho nos corresponden. Necesitamos que el gobernador se aboque a intermediar ante esos organismos para que reconozcan lo que es nuestro», manifestó.
La dirigente gremial estimó que más de 4 mil educadores dependen de la administración regional y se ven afectados por la suspensión del servicio de salud, que anteriormente permitía acceder a consultas médicas, exámenes de laboratorio y estudios especializados bajo un convenio de la gobernación con una empresa privada.
Trabajadores quedaron sin atención médica
Emiro Díaz, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados del Estado Táchira, denunció que los trabajadores se enteraron de la suspensión cuando solicitaron citas a través del WhatsApp de la empresa encargada de prestar el servicio. Según explicó, las respuestas indicaban que la atención estaba suspendida por el resto del año.
Señaló que aunque el servicio ya presentaba deficiencias, pues algunas consultas tardaban entre uno y dos meses en ser asignadas, era necesario para muchos profesionales. Por este motivo, advirtió que la suspensión deja sin esa alternativa a trabajadores activos y jubilados de distintas dependencias de la gobernación, incluidos educadores, obreros, secretarias y personal administrativo.
Díaz mencionó el caso de una docente que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y esperaba una cita con un neurólogo. Expresó que la situación resulta especialmente grave para quienes necesitan atención especializada o tratamientos que no pueden costear con sus ingresos.
Por su parte, José Ochoa, educador jubilado, relató que lleva aproximadamente cinco meses esperando por una cita de odontología y que tampoco obtuvo respuesta a una solicitud de atención en cardiología.
Ante la falta de atención por el servicio regional, explicó que deberá acudir nuevamente a la consulta privada donde recibía seguimiento médico, pese a que sus ingresos no le permiten cubrir fácilmente ese gasto.
«Esa consulta ahorita sale en 70 dólares», indicó Ochoa, quien aseguró que percibe 800 bolívares mensuales, equivalentes a 400 bolívares por quincena. El educador manifestó que requiere controles cardiológicos periódicos y que la suspensión del servicio complica aún más su situación económica.
Los manifestantes insistieron en que sus reclamos no se limitan a la atención médica. También exigen la recuperación del bono de alimentación, el pago del complemento de las cuatro semanas y el reconocimiento del bono de profesionalización, al considerar que la jubilación no elimina los derechos derivados de su formación académica ni de las contrataciones colectivas.
Díaz afirmó que esta es la tercera oportunidad en que acuden a la Residencia de Gobernadores del Táchira para plantear sus exigencias sin obtener una respuesta satisfactoria.
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