Una denuncia ante el Ministerio Público introdujo este jueves 1º de diciembre la microempresaria, Andrea Ramírez, en contra de tres funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, quienes sin orden de desalojo ni demolición derrumbaron el local que rentaba dentro del Terminal de Pasajeros, se llevaron sus alimentos y equipos de trabajo valorados en unos 40.000 dólares y regalaron parte de ellos.
Acompañada de los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza, y del diputado jubilado de la Asamblea Nacional, presidente de la Fundación El Amparo y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, la denunciante ingresó pasadas las 10 de la mañana a introducir su escrito en el Ministerio Público, pero se lo recibieron fue una hora después, bajo alegatos de que esa denuncia no correspondía para este ente de investigaciones.
Los funcionarios denunciados fueron: Mario Izarra, síndico procurador municipal; Miogmar Ferreira, director del terminal de Pasajeros, y Gerson Ramírez, consultor jurídico de ese organismo, por los delitos de abuso de funciones, agavillamiento, violación de domicilio, hurto agravado y daños a la propiedad.
El abogado Omar Sayago manifestó que el día de la demolición se presentó en el local comercial el síndico municipal de San Cristóbal, sin presentar notificación alguna para que se sacaran los enseres con tiempo. “Luego llegaron y de manera sorpresiva se llevaron todo lo que estaba dentro del local, a través de un funcionario de la alcaldía, de un funcionario que es asesor jurídico del Director del Terminal, el señor Gerson Ramírez. Tenemos las pruebas donde este señor sale llevándose la comida, regalándola”, acotó.
Explicó que el escrito llevado al Ministerio Público solicita que se abra una investigación sobre lo ocurrido y que sea restituido el derecho al trabajo y a la alimentación tanto de los dueños del restaurante, como de las seis madres de familia que laboraban en el lugar.
“La sorpresa fue que el Fiscal que está de guardia leyó la denuncia y comenzó a darle vueltas, a decir: esto es una cuestión de desalojo. Allí está muy claro en el escrito lo que nosotros reclamamos que son los derechos constitucionales que tenemos los venezolanos. Cuando se enteró que los medios venían y un representante de derechos humanos, le retuvo los escritos a la ciudadana Andrea y dijo: ahora les doy respuesta. La Fiscalía, el Ministerio Público están facultados para recibir cualquier tipo de denuncia”, explicó.
“No me ofrecieron ningún local”
Andrea Ramírez, dueña del negocio, desmintió al Síndico Procurador de la Alcaldía de San Cristóbal, quien afirmó que les ofrecieron cinco locales comerciales y ella no quiso acceder a ninguno. “Desmiento públicamente, ¿dónde está eso por escrito?, no hay nada”, afirmó.
Indicó que han solicitado acceso al expediente en el ente municipal, pagando 80 dólares para ello, sin obtener respuesta. Han solicitado también conocer el paradero de los bienes y no ha sido posible.
“Somos seis madres venezolanas que dependíamos de ese ingreso económico, no tenemos el acceso económico para la educación, para sufragar gastos de salud. Ya 15 días han pasado y no hemos obtenido respuesta de la Alcaldía de San Cristóbal, donde se han introducido escritos, donde se ha informado sobre la actuación que ellos realizaron. Queremos saber el paradero, por qué no me han entregado mis bienes, enseres, materia prima, productos que tenía en el local comercial.
Cadena jerárquica
El defensor de derechos humanos, Walter Márquez, manifestó que los tres funcionarios actuantes actúan con permiso de sus superiores, por lo que en los próximos días denunciarán quiénes han permitido estas acciones, y elevarán estas violaciones de derechos humanos ante los organismos internacionales.