Luzfrandy Contreras / DLA
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), representado por la coordinadora regional Raiza Ramírez Pino, emitió una alerta crítica sobre la situación del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) y otras cárceles del país tras el inicio de una huelga de hambre nacional el pasado domingo 9 de junio.
Los privados de libertad del CPO y otras cárceles venezolanas, iniciaron una huelga de hambre exigiendo la agilización de los cómputos en la fase de ejecución de sus sentencias. Esperan alternativas al cumplimiento de la pena y la liberación de aquellos que han cumplido íntegramente su condena o al menos las tres cuartas partes de la misma.
«Los tribunales de ejecución presentan un retardo procesal que ha persistido por años, impidiendo la liberación oportuna de los reclusos», afirmó Ramírez cómo coordinadora regional del OVP.
El Observatorio estima que el hacinamiento en las cárceles de Venezuela alcanzó entre un 64% y un 70% en el año 2023. En el caso específico del CPO, se reportan entre 450 y 500 reclusos que ocupan el CPO 1, y alrededor de 400 el CPO 2; mientras que en el anexo femenino, el OVP estima la presencia de 120 a 160 mujeres, con algunos picos de hasta 200 privadas de libertad.
«Este hacinamiento excesivo está llevando a una desnutrición severa, ya que el Estado no puede proveer la carga calórica diaria necesaria para los reclusos», señaló Ramírez.
La falta de gas, combustible y otros insumos afecta a los privados de libertad según el OVP
Ramírez aseguró que la falta de gas en San Cristóbal complica aún más la situación, ya que algunos reclusos se ven forzados a buscar leña para cocinar, lo que ha resultado en fugas y una alimentación precaria. Insistió en que la pérdida de peso puede ser continua debido a la deficiencia alimentaria, de hecho, algunos privados de libertad registran una baja de hasta 50 kilos en períodos de uno o dos meses.
Por otra parte, la escasez de gasolina y la falta de vehículos operativos, se convirtió en un obstáculo adicional para el traslado de los reclusos a los tribunales, exacerbando el retardo procesal. En algunos casos, las familias de los reclusos han tenido que intervenir, colaborando en la reparación de vehículos o financiando la gasolina necesaria para los traslados, expresó Ramírez.
El OVP hace un llamado urgente a las autoridades para que se atiendan estas demandas y se mejoren las condiciones dentro de las cárceles venezolanas, asegurando el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los reclusos.
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