DLA.-Un amplio debate se llevó a cabo en el Consejo Legislativo del estado Táchira sobre los casos de personas que han sido detenidas y perseguidas luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Venezuela el pasado 28 de julio
El debate se inició tras el derecho de palabra solicitado por el diputado por Acción Democrática, Miguel Reyes, quien pidió que se iniciara una averiguación sobre los casos de ciudadanos detenidos por razones de tipo político y para que también se investigue la actuación de los cuerpos de seguridad que se han dedicado a perseguir y a acosar a los tachirenses.
El diputado Miguel Reyes aseguró que ha recibido denuncias desde al menos 15 municipios del Táchira, en donde le han manifestado que ha habido abuso de los cuerpos de seguridad del estado en contra de ciudadanos que sin hacer absolutamente nada y que simplemente por transitar por las calles de su pueblo, han sido atropellados y acosados por funcionarios de seguridad del estado.
“Yo quiero hacerle un llamado al señor gobernador del estado, yo lo oí en un programa donde dice que usted el gobernador y es el gobernador de todos los tachirenses, pues señor gobernador, en estos momentos una buena parte de los tachirenses se siente acosado e intimidado por algunos cuerpos de seguridad del estado y hay que abrir una averiguación”, indicó.
Dijo que el artículo 44 y 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la protección constitucional para las personas y para los bienes. Agregó que sin orden judicial y sin ningún tipo de orden se puede prohibir el libre transitar al pueblo tachirense, no se puede estar deteniendo y revisando los objetos personales, los cuales no deben ser revisados de manera arbitraria como lo vienen haciendo.
Aseguró que tiene denuncias de jóvenes que han sido detenidos e inclusive amenazados de ser acusados de terrorismo, cosa que por la mente de estos jóvenes jamás ha pasado.
Reiteró que sin ningún tipo de orden judicial o por un rumor, no se puede criminalizar el ejercicio de la política, “que porque yo fui testigo o porque yo soy militante de tal, no señor, aquí cada quien tiene derecho de militar en el partido que le dé su realisima gana e igualmente mientras que no esté contraviniendo la ley puede hacer el ejercicio libremente de la democracia y por eso es lo que han hemos venido y estamos solicitando de que se siente que respetar el derecho de cada quien”, subrayó
Procesan 1711 casos de acoso contra oficialistas
Entre tanto la diputada por el Psuv, Nellyver Lugo respondió a la solicitud del diputado Miguel Reyes, manifestando que hasta el momento el parlamento regional no ha recibido ninguna denuncia de personas que hayan sido hostigadas ni tampoco violentados sus derechos humanos por los organismos de seguridad.
Afirmó que han recibido denuncias de personas asediadas, hostigadas y amenazadas por diferentes vías e incluso dijo que muchos de los diputados del Clet han sido asediados y amenazados de diferentes formas en redes sociales.
Precisó que son 1711 denuncias por diferentes vías, es decir por acoso a través de llamadas telefónicas, por visitas a las personas o por acoso en algunas instituciones.
Detalló que la semana pasada había 174 denuncias y hoy le llegaron una cantidad de denuncias que van a empezar a documentar. “Nosotros creemos que es importante que el pueblo conozca hasta qué nivel de violencia verbal en algunos casos, pero también de intención de violencia física ha tenido que pasar el pueblo revolucionario simplemente por apoyar al presidente Nicolás Maduro Moros”, destacó.
Aclaró que estos casos son solo del estado Táchira y aseguró que tienen capture y grabaciones de todas las amenazas.
Sostuvo que ella y su familia también ha sido víctima de todo tipo de amenazas, inclusive de muerte. Dijo que el Consejo Legislativo del estado Táchira a partir de este momento y la comisión de Política que preside está abierta a recibir los elementos que les permitan soportar las denuncias que presentarán ante la Fiscalía del Ministerio Público.
La diputada Lugo desestimó la propuesta del diputado Miguel Reyes y precisó que no presentó ningún tipo de pruebas de los hechos de violencia.
Los diputados acordaron nombrar una comisión para que se investigue las circunstancias en que fueron detenidas las personas tras las elecciones del 28 de julio.
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