El diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira y secretario seccional del partido Acción Democrática, Miguel Reyes, sostuvo que es una flagrante violación de los derechos humanos la detención de una de las exfuncionarias del gobierno de Laidy Gómez, que este lunes fue trasladada hasta la sede del Cicpc, con ocho meses de embarazo.
Para el parlamentario es violatorio cuando trasladan a la exfuncionaria que trabajaba en el área de administración de Protección Civil, hasta la sede del Cicpc en esas condiciones. Cree que esa situación pone en peligro la vida de la funcionaria y de su hijo.
«Esperamos que a esta señora se le tenga una consideración y esa funcionaria con ocho meses y con un ajetreo de esta magnitud pudiera dar la luz en un calabozo del Cicpc; a ella se le tiene que respetar sus derechos humanos, sus derechos como mujer y aun cuando no se le ha comprobado nada, sino que hay una presunción de un acto irregular», indicó.
El legislador regional, espera que con esta funcionaria que fue detenida junto a otra trabajadora más de Protección Civil, no se repitan los delitos que fueron denunciados sobre Venezuela recientemente en el informe de la ONU.
«El gobierno está acusado en el último informe de derechos humanos a nivel internacional de ser violador de derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad , eso lo dice el último informe de la Bachalet», recordó.
El diputado destacó que recientemente desde la presidencia del Consejo Legislativo, se denunció al administrador de esa institución por presuntos hechos de corrupción y teme que a partir de esa denuncia, se pueda iniciar una cacería de brujas desde la Gobernación del estado y se comience a encarcelar a algunas personas, «de verdad estamos dispuestos a defender a todo aquel que sea inocente«, puntualizó.
Hay que recordar que este lunes dos funcionarios de Protección Civil en el Gobierno de Laidy Gómez fueron detenidos por órdenes del Ministerio Público. Hay dos funcionarios más que también se le ordenó su búsqueda y captura, pero aún no han sido localizados. A los funcionarios se les acusa de delitos de peculado doloso propio, corrupción propia, obtención ilegal de lucro en actos de la administración pública y agavillamiento.
Por: Zulma López /DLA
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