Este jueves 26 de enero funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal demolieron dos locales comerciales que tenía funcionando 19 años en las adyacencias del Hospital Central de San Cristóbal, con el permiso de quienes dirigían el centro asistencial y el Ministerio de Salud para la época.
Reinaldo Pedroza, abogado de los propietarios de los comercios, explicó que el 15 de diciembre de 2022 y 12 de enero de 2023 se interpuso ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del estado Táchira dos recursos de nulidad contra resoluciones que ordenaban el desalojo y la demolición de los locales, los cuales fueron admitidos y la Alcaldía de San Cristóbal fue notificada.
“Un procedimiento viciado de nulidad, la alcaldía fue notificada, y sorprende que, de manera arbitraria, desconociendo la acción de un tribunal que dio admisión a dicha demanda y que abre un proceso para dirimir en juicio los vicios denunciados, resulta que de manera anticipada la alcaldía decide, de manera arbitraria, ilegal, injusta, violentando nuevamente el derecho a la defensa y el debido proceso, trasladar a funcionarios, policías y obreros al fin de demoler”.
Precisó que los funcionarios alegaron que recibieron órdenes verbales de demolición del director general de la alcaldía, Juan Rodolfo Martínez, pero no contaban con la orden escrita, por lo que los exhortaron a solicitarla en la institución municipal.
“No podían demoler”
Lea también
El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, indicó que al estar este caso ante el Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo, no se podía proceder a una demolición.
“A pesar de que se admitió la demanda, están demoliendo con el uso de la fuerza, con presencia policial tanto de Politáchira como de la Policía Municipal. Son responsables todos los que están en la cadena de mando… Están destruyendo dos locales comerciales que fueron construidos hace 19 años con la autorización del Ministerio de Salud y del Director del Hospital y que fue producto de una licitación pública. Esta situación es muy grave, porque está prescrita cualquier acción por parte de la municipalidad. Aquí lo que hay es un crimen de persecución en contra de los empresarios que durante muchos años han estado laborando en estos locales comerciales de comida”.
Márquez hizo un llamado al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, para que sea garante del estado de derecho, y al alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, le indicó que forma parte de un estado de acorralamiento y violación de la ley. “Responsabilizo directamente al alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, y todos los que están allí, incluyendo el Director General del despacho”.
Los dueños de los locales comerciales elevarán la denuncia sobre lo ocurrido a instancias nacionales e internacionales.
