La vivienda en donde se hospedó la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante su visita al Táchira, ubicada en la localidad de Palmira, municipio Guásimos, fue asaltada el pasado 4 de julio por hombres encapuchados y portando armas largas, según denuncia realizada este martes 9 de julio por el defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez.
En rueda de prensa, Márquez relató que uno de los vigilantes fue amordazado y golpeado, mientras otro fue amenazado de muerte. “Hicieron todo un dispositivo de tratar de buscar alguna evidencia que comprometiera a sectores de oposición y llevaban una pimpina de gasolina, preguntando por el camión que ella usó en su recorrido desde Palmira hasta la quinta avenida de San Cristóbal, para incendiarlo. Amordazaron a uno de los vigilantes, lo golpearon, a los otros los amenazaron de muerte, y les quitaron todos los equipos de comunicación”, agregó.
Indicó que previo a estos hechos, una semana antes de la llegada de Machado a la entidad inició una ola de persecuciones en contra de dirigentes políticos, que se reafirmó la noche del 26 de junio con el cierre de establecimientos de comida pertenecientes a dirigentes de oposición.
Precisó que los restaurantes cerrados fueron: Plaza Real, cuyo dueño es hermano del exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas; Churro Manía que está en el Sambil; El Rincón del Caballista, del presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), William Forero, el cual se encontraba cerrado, pero le abrieron un expediente para multarlo. Lo mismo ocurrió con T-Burguer que es de Francisco Ramírez, director de Vente Táchira; y Punta del Este Grill también fue cerrado porque uno de sus socios es Eduardo Delgado, dirigente de Primero Justicia
El defensor de derechos humanos denunció que la noche del 28 de junio, a quienes prestaban el servicio de catering, de venta de alimentos y bebidas al anfitrión de María Corina Machado, se los llevaron detenidos.
“Los interceptaron en Táriba, se los llevaron al FAES de San Cristóbal y luego los pasaron a la policía. Los interrogaron sobre las actuaciones de María Corina Machado, les infundieron temor señalando que María Corina era responsable del delito de traición a la patria y todos los que colaboraran con ella también debían ser procesados por traición a la patria. Les decomisaron todos los implementos de trabajo, detuvieron hasta el otro día en la mañana a los tres mesoneros y a otra persona más, y retuvieron el vehículo hasta el día de ayer”, explicó Márquez.
También fueron detenidos conductores de unidades de transporte público y motocicletas, y retenidos los vehículos, según el reporte de Márquez.
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Terrorismo de Estado
“Se ha desatado todo un terrorismo de Estado que está tipificado como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, dijo Márquez, quien emplazó al gobernador del Táchira, Freddy Bernal a garantizar los derechos políticos de los venezolanos y dejar la persecución por motivos políticos.
“Él que participó en un golpe de Estado, que muchas veces tuvo que estar huyendo frente a una acción de la justicia, de los organismos de seguridad, sabe lo que es la persecución. Como dijo el mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si el gobierno quiere que le respeten sus derechos políticos, tiene que respetar el derecho de los venezolanos. Si quieren ganar que ganen con votos, no con represión ni intimidación”, agregó.
Walter Márquez informó que la denuncia ya fue formalizada ante el Ministerio Público en donde no le querían recibir bajo el argumento de que necesitaba un poder para representar a las víctimas, porque se reservó el nombre de los testigos y víctimas, siendo que es un derecho establecido en la ley.
Precisó que el Comité Internacional Contra la Impunidad (Ciciven) de la cual es Director General, formalizará la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado, y ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la responsabilidad penal individual de los autores intelectuales y materiales de esos hechos que calificó de reprochables.
