A solicitar respuestas del Ministerio Público sobre la denuncia que fue introducida en abril de 2022 ante la Fiscalía 23 por la venta irregular del matadero municipal de Junín por parte de la anterior gestión de la localidad, acudió este lunes 27 de marzo el síndico procurador, Gregory Lozada, acompañado del director general de la Alcaldía de Junín, Walter Chacón; de la directora de Política, Mariela Betancourt; de la registradora Civil, Hercilia Leal y del concejal, Danny Carrillo.
Lozada precisó que en el año 2021 la anterior gestión vendió el matadero, por lo que al conocer sobre este hecho la administración del alcalde Jackson Carrillo revisó los expedientes y se percató que no solo se había vendido el matadero del municipio Junín, sino que también se habían registrado bienhechurías de este espacio para hacerlas como propias de la empresa llamada Representaciones Silvenca, que funciona como concesionario, a la cual se le vendió el espacio.
Explicó que un procedimiento de esa naturaleza requiere de normativas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como la opinión de la Contraloría Municipal, opinión del Síndico Procurador y del Consejo Local de Planificación Pública, y que sea aprobado por las tres cuartas partes Concejo Municipal, pero ninguno de estos se cumplió, lo que les hace deducir que es ilegal.
Ante esta situación la Alcaldía de Junín abrió un procedimiento administrativo en el que se resolvió el contrato de venta, pero al enviarlo al registro del municipio Rafael Urdaneta no han obtenido respuesta, por lo que solicitaron a las autoridades en competencia de investigación y de administración de justicia actuar ante este hecho que estaría totalmente viciado.
“Ellos no cumplieron ni con uno solo de estos requerimientos y no siendo suficiente con ello, aquí tenemos un contrato de venta que establece el precio del terreno que fue de 0,07 petros, lo que en este país representa una chupeta. Con eso fue enajenado el matadero municipal”, indicó el Síndico.
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El síndico procurador, Gregory Lozada, también hizo un llamado al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) para que intervenga en el caso, porque ya se dictó un acto administrativo al que no se le ha dado respuesta por parte del registro.
