Caracas, 18 mar (EFE).- A un mes para que venza el plazo de seis meses establecido por Estados Unidos para la suspensión de algunas sanciones a Venezuela, entre ellas al petróleo y al gas, se eleva el suspenso respecto a la decisión que, a la postre, tome el Gobierno estadounidense, que supedita la extensión del alivio a los pasos que dé Caracas para garantizar en julio unas presidenciales «competitivas».
Y con competitivas, EE.UU. se refiere, principalmente, a la participación en las presidenciales del próximo 28 de julio de la exdiputada liberal antichavista María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos de elección popular hasta 2036.
Pero el país caribeño, según el Gobierno chavista, jamás se entregará «a las órdenes de Washington», que en enero restauró sus sanciones al sector del oro, en represalia por la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La incertidumbre llevó a expertos y a entes independientes a proyectar distintos escenarios económicos para este año, con un menor crecimiento en caso de que las medidas sean retomadas, mientras que el Ejecutivo de Nicolás Maduro confía en que el incremento será del 8 %, «con sanciones o sin sanciones».
Un cambio en lo previsto
Según dijo a EFE el economista Luis Oliveros, hay «mucha incertidumbre» debido a que, si bien el Gobierno estadounidense amenaza con retomar las sanciones, «no se sabe exactamente cuáles serían».
El experto, que a principios de año veía factible una extensión del alivio a partir del próximo 18 de abril, ahora prevé «alguna reversión en el tema de la flexibilización», ante los recientes acontecimientos en el ámbito político venezolano, criticados por Estados Unidos.
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EE.UU., además de rechazar la inhabilitación de Machado, expresó su preocupación por la «detención de miembros de la oposición», que califica de «democrática», y cuestionó el cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para las presidenciales con plazos «ajustados».
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian Nichols, dijo recientemente que los «incentivos» que su país y la comunidad internacional han puesto «no han sido suficientes».
Para Oliveros, estas reacciones de la nación norteamericana han aumentado la incertidumbre.
Sin embargo, considera que al mandatario estadounidense, Joe Biden, convertido matemáticamente en candidato demócrata a las presidenciales de noviembre, «no le conviene» imponer nuevamente las sanciones petroleras a Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, unos 300.878 millones de barriles.
«Muy por el contrario, le conviene que ese petróleo fluya y que Chevron se cobre las deudas», dijo.
Por lo tanto, el escenario que ve más probable es uno en el que Estados Unidos «retome algunas sanciones» sin que el sector petrolero «se afecte de manera importante».
Según cifras oficiales, Venezuela registra un crecimiento sostenido de su producción desde septiembre, cuando promedió en unos 762.000 barriles por día (bpd), un nivel que alcanzó los 877.000 bpd en febrero, un alza del 15 %.
Desde octubre, cuando entró en vigencia el alivio, Venezuela ha ampliado su cooperación internacional en el ámbito energético, al firmar acuerdos con la española Repsol, la francesa Maurel & Prom, la mexicana Pemex, la Refinería di Korsou (Rdk) de Curazao y con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, entre otros.
Plan B
El diputado chavista Ramón Lobo, exministro de Economía, aseguró que Venezuela, con un «cúmulo de experiencias adquiridas en los últimos ocho años» y un «marco de relaciones internacionales más favorable», seguirá «avanzando en la recuperación del aparato productivo, independiente del escenario que se dé».
En febrero pasado, el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, aseguró que el país cuenta con una «industria poderosa para enfrentar cualquier situación» y que estará preparada en caso de que EE.UU. aplique «más sanciones».
En lo que va de 2024, la nación suramericana ha firmado instrumentos de cooperación con Turquía, Indonesia y Burkina Faso, a la vez que busca un «mayor acercamiento» con inversionistas de Brasil en el sector petrolero y fortalecer la alianza energética con Irán.
Estas acciones, a juicio de Oliveros, muestran que el Gobierno «está buscando un plan B».
En todo caso, aseguró que cualquier regreso de sanciones supone una mala noticia para Venezuela.
Explicó que el esquema de sanciones «recorta los presupuestos de inversión de varias empresas privadas» y «vuelve a colocar expectativas negativas en la economía venezolana».
Además, las sanciones petroleras cierran el mercado occidental al país, que se vería obligado a colocar su crudo en Asia, con descuentos y costos de envío «muy altos» -como hacía antes del alivio-, a la vez que las empresas con actividades en Venezuela «posiblemente tendrían que minimizar o parar operaciones», lo que reduciría la producción.
No obstante, el Gobierno confía en que este año la producción superará los 1,2 millones de bpd, un alza del 53 % frente a 2023.
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