Los educadores venezolanos exigen al estado patrono presidencial bolivariano Nicolás Maduro, un plan de emergencia laboral, económico, social y salarial de 300 dólares como consecuencia de la Pandemia mundial COVID 19 y el confinamiento domiciliario, porque ha sido el propio estado patrono revolucionario del siglo XXI que arbitraria e inconstitucionalmente, y sin rubor alguno, condenó a todos los docentes activos, jubilados, pensionados, sobrevivientes e interinos a cobrar menos de 10$ mensuales, los cuales no alcanzan absolutamente para nada.
Son declaraciones del profesor José Miguel Briceño, presidente del Suma Trujillo, y miembro de la Coalición Sindical Magisterial del estado Trujillo, quien preciso que este plan de emergencia social, otros sectores laborales merecidamente lo han recibido y países donde ha llegado esta pandemia, fueron más allá del carácter remunerativo, aplicaron planes integrales en todas sus dimensiones sociales con el propósito de proteger, no solamente a los trabajadores sino, a su familia y a todo el pueblo.
Ante esta dura y crítica realidad – puntualizó – urge la necesidad como derecho humano fundamental de dignificar a todo el magisterio que ayer como hoy, su vocación, humildad, solidaridad, humanismo y profesionalismo han sido el norte, porque en tiempos difíciles, los corazones de los maestros no los manda absolutamente nadie, sino su propia conciencia, Dios premia sus virtudes porque a la luz de la verdad y del tiempo nada se oculta, el mérito brilla y la realidad se descubre.
No solamente se exige una emergencia remunerativa – adicionó – también se demanda para los educadores y su grupo familiar todos los servicios de salud que también son derechos humanos fundamentales, que hace largo rato revolucionario están desprotegidos de la seguridad social que le corresponde, violándole sistemática y abiertamente la progresividad de los derechos universales y constitucionales vigentes.
Asimismo prosiguió – ocurre con los servicios funerarios, los derechos humanos, contractuales, laborales, constitucionales son conculcados porque el propio estado patrono, les pulverizó la cobertura que cubre la irrisoria cantidad de doscientos bolívares, lo que implica que con todo el respeto que merece el extinto, sus familiares tendrán que empaquetarlo y darle cristiana sepultura posiblemente en un lugar distinto al tradicional o acostumbrado, concluyo en sus declaraciones José Miguel Briceño.