La disminución de los sueldos universitarios en los últimos 22 años en Venezuela alcanza niveles históricos. A finales del año 2001 un profesor titular a dedicación exclusiva tenía un sueldo base de 1.861.741 bolívares, equivalentes entonces a unos 2.440 dólares. Para este miércoles 18 de enero de 2023, el sueldo de un profesor con la máxima categoría y dedicación es de 522,16 bolívares, que representan la vergonzosa cifra de 26,14 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Además de convertir en miseria el sueldo de quienes educan al país, el gobierno nacional ha violado las convenciones colectivas quitando derechos conquistados en el siglo XX por sindicatos y gremios. Desde 2004 el gobierno incumple las Normas sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales, aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el 25 de julio de 1982 y publicadas en Gaceta Oficial N° 32.539 del 17 de agosto de ese mismo año.
Es por todo esto que la indignación de los docentes, y de los trabajadores de la educación en general, crece y se manifiesta en las calles. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 31 protestas de trabajadores educativos realizadas durante el año pasado en los tres estados andinos del país -Mérida, Táchira y Trujillo-. En lo que va de enero de 2023, este sector ha desarrollado 62 manifestaciones en distintos municipios de la región andina.
Retroceso del poder adquisitivo
Además de bajar los sueldos del sector público a niveles nunca antes vistos, la mala gestión de los gobiernos de Chávez y Maduro también elevó la inflación a cifras impensables en un país que tuvo los mayores ingresos petroleros durante la primera década de este siglo. De hecho, economistas señalan que desde diciembre pasado volvimos a entrar en hiperinflación, la segunda en apenas cuatro años. En 2022 Venezuela acumuló la inflación más alta del mundo, ubicándose en 305,7 %.
En consecuencia, el poder adquisitivo de los profesores y trabajadores universitarios no solo es cada vez peor; es inexistente en la actualidad para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Ningún trabajador del sector educativo público en Venezuela puede vivir con su salario. Solo el costo de la canasta alimentaria se ubicó en 371 dólares en diciembre de 2022, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. El máximo sueldo de un profesor universitario cubre apenas el 7% de ese costo.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), la inflación en Venezuela ha alcanzado su máximo histórico en 2018, cuando llegó a 130.060,20 %. Durante la última década, entre 2012 y 2022, la inflación anual venezolana no ha bajado de al menos tres cifras.
Bonos inconstitucionales que no resuelven el problema de fondo
La implementación de bonos gubernamentales otorgados a los venezolanos por distintos motivos es otra forma de politización que desvirtúa la institucionalidad del Estado y aumenta la dependencia de la ciudadanía hacia los gobernantes de turno. El régimen de Nicolás Maduro ha llevado a la miseria también esos bonos, que desde 2017 se otorgan a través del sistema patria, excluyendo a quienes no están inscritos en el mismo.
El pasado 15 de enero, Día del Maestro en Venezuela, el régimen depositó en el monedero patria de docentes de todos los niveles educativos la paupérrima cifra de 580 bolívares (29,82 dólares al cambio oficial de ese día) para el personal activo y 405 bolívares (20,82 dólares) para los jubilados. Además de ser un monto vergonzoso, no todos los docentes lo recibieron.
El artículo 91 de la Constitución nacional establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Al no garantizar un salario digno el Estado venezolano también viola el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el Convenio sobre la protección del salario y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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