(Mérida, 27/01/2021).- El lamentable caso del profesor Pedro José Salinas, docente jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA) con una trayectoria académica de más de 50 años, puso rostro a una situación que tiene más de cinco años empeorando: la crisis salarial y nula seguridad social que viven los profesores universitarios en Venezuela.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha denunciado en reiteradas ocasiones a través de informes, comunicados, notas de prensa y denuncias formales, llevadas incluso ante instancias internacionales, la crisis universitaria que hay en Venezuela. Esta crisis engloba desde la asfixia presupuestaria iniciada en el año 2005 por el expresidente de la República, Hugo Chávez, hasta la progresiva violación de la autonomía ejecutada mediante acciones que intervienen cada vez más la libertad académica y administrativa de las universidades públicas del país.

La precariedad salarial que viven docentes y trabajadores universitarios, y que forma parte de la política de asfixia a las universidades autónomas que ejecuta el régimen, ha llegado al punto de la miseria desde hace más de cinco años. Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA), informó al ODH-ULA que desde 2017 el Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad de Los Andes (IPP) dejó de descontar de las nóminas las cuotas para la cobertura médica y de hospitalización, porque el sueldo incluso más alto, el que reciben los profesores titulares, ya era insuficiente.

Seis meses de sueldo cuesta cobertura médica de profesores

Para este 2022, el costo de la cobertura ampliada del IPP, que cubre un máximo de 800 dólares al año por afiliado, es de 65 dólares para profesores mayores de 80 años. El sueldo de un profesor titular en Venezuela oscila entre 9,5 y 11 dólares mensuales, calculados a la tasa de cambio promedio de enero de este año. Esto significa que para poder pagar esta cobertura médica, un docente del mayor escalafón necesita más de seis meses de su salario.

Además de esto, la APULA y el IPP, así como los demás gremios de la ULA, están en riesgo de desparecer por falta de recursos para el pago de sus trabajadores. Virgilio Castillo informó al ODH-ULA que desde septiembre del año pasado, el gremio que él preside dejó de recibir la cuota que aportan los profesores, que representa el 1,5% del salario mensual, pese a que se les sigue descontando de sus nóminas. Esto ocurre luego de que el régimen nacional centralizara las nóminas universitarias al sistema patria, una medida implementada ilegalmente desde marzo de 2021.

Castillo aseguró que el profesor Pedro José Salinas, docente de la ULA desde 1968, con maestría y doctorado en la Universidad de Londres, no cuenta con cobertura médica del IPP, motivo por el cual esta fundación decidió hacerse cargo del costo de una tomografía cerebral que necesitaba. Tampoco tiene un seguro médico privado y por ello permanece recluido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), donde su salud evoluciona satisfactoriamente. Sin embargo, necesitará continuar con tratamiento farmacológico de por vida debido al padecimiento de varias patologías propias de su edad.

Rechazo, denuncia y exhortación

En un país cuyos gobernantes han destinado miles de millones de dólares para financiar un sistema universitario paralelo, donde priman la ideologización y la discriminación política, no se justifica la asfixia aplicada a las universidades autónomas ni a su personal docente, administrativo, técnico y obrero. Docentes con la trayectoria y dedicación del profesor Pedro Salinas no tienen por qué depender de ayudas externas, ni de familiares ni de terceros, para poder cubrir sus gastos luego de haber dedicado su vida a la educación superior venezolana.

Este observatorio rechaza y denuncia, una vez más, la política gubernamental del régimen de Nicolás Maduro destinada a acabar con la educación universitaria autónoma y de calidad en Venezuela, y exhorta a sus dirigentes a cumplir con la Constitución Nacional, la Ley de Universidades y las leyes que protegen los derechos de los trabajadores del sector público nacional. (Prensa Observatorio de Derechos Humanos  ULA)