Caracas, 31 mar (EFE).- La ONG Fundaredes alertó este miércoles que más de 6.000 venezolanos se han desplazado a Colombia huyendo de los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo en el fronterizo estado de Apure, entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo armado irregular, que los activistas identifican como disidentes de las FARC.
«Nada más en Arauquita hay más de 5.000 venezolanos desplazados. Algunos están en otros lugares, pero no en sitios de resguardo, han acudido a casas de amigos y familiares», dijo en una conversación telefónica con Efe el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
El número ofrecido por el activista actualiza la cifra de desplazados que la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) había ubicado en más de 4.700 hace dos días.
De acuerdo con Tarazona, los combates entre los militares venezolanos y los irregulares se suceden en varias localidades apureñas, donde la Fuerza Armada venezolana «bombardea» las posiciones de los irregulares.
«Son constantes los sobrevuelos, los bombardeos y las detonaciones en estas zonas», aseveró.
Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada de Venezuela y grupos irregulares en el estado de Apure comenzaron hace 10 días y han dejado como saldo al menos dos militares muertos, 6 «terroristas neutralizados» y otros 27 sospechosos capturados, que fueron puestos a las órdenes de un tribunal militar, según el último balance oficial.
No obstante, Fundaredes ha denunciado que el pasado 25 de marzo «fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES», grupo élite de la Policía venezolana cuya disolución ha pedido la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
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La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- ha pedido investigar este hecho y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil.
En ese sentido, la exdiputada opositora Delsa Solórzano dijo el sábado que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.
