El pasado 24 de noviembre se cumplieron 5 años de la subasta ilegal realizada por la Alcaldía del municipio Bolívar, negociación presuntamente irregular que realizaron las autoridades municipales de la jurisdicción mencionada, dirigida por el Alcalde José Gregorio Díaz y sus cómplices, los cuales en lugar de solicitar una investigación de los hechos denunciados en aquel entonces, se ha dedicado a desmentir los mismos, buscando a la vez que estos sean echados al olvido, sin embargo hay una ley que señala que los delitos de corrupción no prescriben, con la que tenemos esperanzas cuando este gobierno cambie, que los principales actores de hechos irregulares con los dineros públicos sean castigados como lo merecen.
La declaración es ofrecida de nuevo por Jaime Moreno y Gustavo Morillo, los cuales recuerdan la presunta irregularidad y las madejas que se han movido en torno al hecho que no ha tenido ninguna respuesta de los organismos a donde fue llevada la denuncia.
En la señalada subasta fueron vendidos en forma irregular cinco vehículos y dos máquinas en buenas condiciones, vendidos como chatarra, entre estos una camioneta vitara sedan año 1998; camioneta Toyota techo duro largo año 2001; Camión Volteo F 8000 año 2001; Mini bus Iveco año 2000; Ambulancia F 100 año 2000, añadiendo a esto, dos retroexcavadores, uno Caterpillar año 2000 y otro John Deere año 2000, por cierto recordamos que la última maquinaria nombrada la compro el Alcalde usada en el año 2012.
En la denuncia que interpusimos señalábamos que los vehículos y maquinarias subastados o rematados tenían 14 años de vida útil, lo que quiere decir que no eran chatarras, como se quiso hacer ver el Alcalde y sus cómplices de negocio o subasta, tan es así, que los vehículos y las maquinarias señalados fueron prendidos y cambiados de depósito o de lugar, todos en buenas condiciones, sin embargo fueron vendidos como obsoletos, por la pírrica suma de 4 millones 500 mil bolívares.
En esa denuncia también damos a conocer el nombre de los presuntos cómplices del hecho irregular, concejales, ingeniero municipal y Contralor Municipal, tanto el pasado como el actual, que lo que han hecho es guardar silencio cómplice.
Añaden los declarantes que para la desincorporación de los equipos y maquinarias en mención fue tomada como base jurídica la Ley Orgánica de Bienes Públicos, que había derogada mediante decreto con rango valor y fuerza de la Ley de Reforma Parcial, decreto número 1407, del 13 de noviembre del 2014, publicado en la Gaceta Oficial número 6155 extraordinaria del 19 de noviembre del 2014.
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El presunto delito
En la subasta o venta no se dio cumplimiento a los artículos 7 y8 de las normas generales sobre licitación para la venta y permuta de bienes públicos, contenidos en la providencia administrativa número 004-2012, con respecto a los tiempos establecidos para el proceso de licitación y los requisitos indicados en los avisos de prensa realizados en la oportunidad.
Llama también la atención que para el avaluó de los bienes públicos realizados con el propósito de la enajenación, contrataron a un ciudadano ingeniero Agrónomo, de nombre Freddy Fernando Rondón Contreras, residenciado en el estado Monagas, ciudadano que al parecer no tiene nada que ver con el negocio en cuestión.
Otro hecho irregular
La Comisión de Contrataciones que hizo la negociación fue aprobada por el Alcalde en noviembre del 2014, no siendo publicada la misma en la Gaceta del Municipio, como tampoco se notificó a la Superintendencia de Bienes Públicos, contraviniendo los artículos 4 y 34 de las normas generales sobre licitación para venta, permuta y bienes públicos, contenido en Providencia administrativa número 0004-2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40054 del 20 de noviembre del 2012, articulo 95 del Decreto con rango valor y fuerza de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial numero 6155 extraordinaria del 19 de noviembre del 2014.
¿Cuál es el propósito de la denuncia?
A la interrogante del periodista los declarantes dijeron que el interés de ellos es que la denuncia no siga en el olvido, en las gavetas de los despachos a donde fue llevada la mismas, pues los receptores de éstas, están en el deber de investigar los hechos irregulares que se han cometido con los dineros públicos, entre estos la Fiscalía Superior del Ministerio Publico a donde reposa la denuncia, el sueño, tal vez eterno, dijeron, cuando se trata de denuncias contra dirigentes fichas del partido de gobierno, porque si son de oposición, estos despachos si son diligentes, para castigar al adversario, es la Venezuela actual, precisaron Moreno y Morillo.
