Por Wincarlys Ramos
Caracas. Solo 25 centros de detención preventiva, de 335 monitoreados por Una Ventana a la Libertad (UVL), cuentan con personal médico o de enfermería para atender a los privados de libertad.
El hacinamiento complica la crisis de salud. Durante el primer semestre de 2022 se registraron 217 centros con sobrepoblación y 200 calabozos en los que conviven detenidos sanos y con alguna patología.
“Casi todos están hacinados, por lo tanto es imposible que se resuelva la problemática de salud. Tampoco tienen transporte de emergencia. La familia debe pagar cualquier transporte y comunicarse con un centro de salud para que puedan trasladar al detenido”, contó Magaly Huggins, criminóloga y coordinadora de investigación de UVL.
La experta señaló que esta es una violación a los derechos a la vida y la salud. En los primeros seis meses de 2022 murieron 62 reclusos dentro de los centros de detención preventiva, de los cuales 55 fallecieron por enfermedades como tuberculosis, COVID-19, infartos, bronquitis, convulsiones, insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares (ACV). En algunos se detectaron cuadros de desnutrición.
Adicionalmente, la organización no gubernamental documentó que en 97 calabozos los funcionarios solicitaron operativos médicos e higiene por el riesgo que tienen de enfermar y con ellos su familia. La mayoría de las jornadas de salud son realizadas por organizaciones de la sociedad civil y la iglesia.
Sin control sanitario ni presupuesto
El control sanitario también tiene fallas en los centros de detención preventiva, de acuerdo con UVL. 198 centros tienen falta de ventilación; 82 tienen acumulación de heces fecales en las celdas y 71 acumulación de basura, verificó la ONG.
Solo 138 calabozos tienen baños con pocetas, mientras que en 147 usan letrinas improvisadas y en 149 duchas improvisadas.
Huggins declaró que si las personas salieran de los calabozos a las 48 horas, tal como lo estipula la ley, el personal médico no sería necesario. No obstante, resaltó que el problema es que los detenidos pueden permanecer hasta tres años hacinados.
La criminóloga enfatizó que los centros no tienen ni siquiera presupuesto porque dependen de las municipalidades y las gobernaciones. “No tienen presupuesto del Ministerio de Prisiones para cubrir las necesidades de los detenidos y ese es el grave problema”, contó.
Por orden de Iris Varela
Huggins explicó que la situación en los calabozos se agravó luego de que Iris Varela, exministra del Ministerio para el Servicio Penitenciario, anunció en el 2016 que no iba a recibir a ninguna persona en las cárceles hasta que pasaran a fase de juicio.
“No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar. No voy a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio. Tiene que tener su tribunal de juicio ya designado porque hay un derecho humano que nosotros respetamos, que es el debido proceso. Que es el derecho a ser juzgados en libertad y que es la presunción de inocencia”, dijo Varela en una rueda de prensa en 2016.
Huggins explicó que los centros de detención preventiva tienen la función de albergar a las personas, ya sea por flagrancia o porque existe información de que han cometido un delito. Dijo que inmediatamente se le debe informar a la fiscalía y esta avisar a un juez para que evalúe el caso dentro de 48 horas.
De no ser así, se debe trasladar a las personas a una cárcel de detención o anexo de detención preventiva. Esto para garantizar el cumplimiento del debido proceso de buscar una sentencia.
Una Ventana por la Libertad documentó que para finales de 2022 ingresaron 471 personas nuevas a los calabozos.
Fuente: Crónica Uno
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