Recientemente los integrantes del Concejo Municipal de Rafael Rangel solicitaron ante la Contraloría General del estado Trujillo, a cargo de la licenciada Aimee Cisneros, se realice una “actuación fiscal” que le permita verificar el procedimiento implementado por la Alcaldía del municipio Rafael Rangel, puesto en práctica para la enajenación de 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso a favor de la empresa comercializadora Internacional H.G. C A, representada por el ciudadano Carlos Luis Hernández, por un valor de un mil 500 millones de bolívares, “monto que vale la pena revisar por considerarlo es irrisorio, tomando en cuenta el índice inflacionario y el alto costo de los materiales”.
La denuncia de los concejales suscrita por el Presidente del Ayuntamiento de Rafael Rangel, Marcos Palomares, y el segundo Vicepresidente del cuerpo, Robert López, señala que los días jueves 17 y viernes 18 de mayo del presente año 2018 en la sede de la Alcaldía del municipio Rafael Rangel en la ciudad de Betijoque estado Trujillo, sede de Servicios Generales, avenida 5 a una cuadra de la plaza Bolívar de Betijoque y en la sede de Obras Publicas del Estado, al lado del Cementerio Municipal de la capital del municipio Rafael Rangel se realizó el retiro en grúas de varios vehículos, en total 9 vehículos y 6.5 toneladas de presunto material ferroso, propiedad del Municipio y algunos propiedad de la Gobernación del Estado, usados por el Municipio para el cumplimiento de los servicios públicos, existiendo también entre los señalados vehículos uno que es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Publico, puesto que mismo fue adquirido de manera irregular.
Señala también la comunicación dirigida a la Contraloría Genera del estado Trujillo que los vehículos retirados fueron dados en venta por el ejecutivo municipal, Alcalde José Leonardo Chirinos, a la empresa Comercializadora Internacional H.G. C.A., representada por el ciudadano Carlos Luis Hernández titular de la cédula de identidad 7388124, por un valor de un mil 500 quinientos millones de bolívares, tal como consta en resolución emitida por el ciudadano Acalde, de la cual anexaron copia fotostática, marcada con la letra “A” , dinero que ya fue recibido en Tesorería Municipal tal y como consta en planilla de liquidación del Departamento de Tesorería Municipal; anexo marcado con la letra “B”.
Lo legal
Invocan los concejales el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, que señala que los bienes del dominio público del municipios son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Concejo Municipal proceda a su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas ( ¾ ) partes de sus integrantes, previa consulta con los consejos locales de planificación.
Señalan además los concejales que en el expediente administrativo de desafectación debe constar la opinión del Sindico Procurador y del Contralor Municipal. Añadiendo la comunicación denuncia, que la preocupación consiste en que hasta la presente fecha no se ha hecho ninguna solicitud y por ende ninguna aprobación por parte del Concejo para dicha desafectación, constando igualmente que no existe la consulta ni al Sindico Procurador ni a la Contraloría Municipal, como tampoco a los consejos locales de planificación tal como lo establece la ley y ordenanzas que rigen la materia.
Silencio de la Contraloría Municipal
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Señalan también los concejales que el 18 de mayo del presente año una vez conocida la comisión del hecho en cuestión, se dirigieron a la Contraloría Municipal, anexo letra “B”, denunciando el hecho en cuestión.
El 30 de mayo del 2018 la Contralora Municipal Najat Valero, dio respuesta al planteamiento haciendo alusión a la Ley orgánica del Poder Público y a la Ordenanza del Reglamento de Interior y de debates de este cuerpo edilicio, la cual también anexaron, marcado con la letra C, no realizándose ningún tipo de investigación o actuación sobre los hechos denunciados, no obstante que la señalada funcionaria debió actuar de oficio, ante la denuncia que formularon los concejales, motivado al control perceptivo que el caso ameritaba a los fines de determinar o verificar la realidad de los hechos que evidencian la comisión de un hecho irregulares en el procedimiento de enajenación de bienes publicos iniciado por el ejecutivo municipal.
Caso omiso a la denuncia
La respuesta dada por el despacho de la Contraloría Municipal, se puede determinar que no hubo ningún tipo de investigación, control o voluntad de querer verificar la denuncia que realizan los concejales, dejando un vacío y en situación de indefensión al patrimonio del Municipio, razón que lleva a los concejales a solicitar a la Contraloría General del Estado realice una “actuación fiscal” que verifique todo el procedimiento implementado por el Alcalde del municipio Rafael Rangel, José Leonardo Chirinos para la enajenación de 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso a favor de la empresa mencionada, puntualizan los denunciantes.
