El exparlamentario, Walter Márquez remitió ante la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, Fatou Bensouda, y ante el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un análisis preliminar sobre la grave violación de Derechos Humanos en Venezuela, en base al informe presentado por Zeid Ra’ Ad al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre “violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, presentado el pasado 30 de agosto y ratificado este lunes 11 de septiembre de 2017 en la 36° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU en Ginebra).
Ad al Hussein pidió una investigación internacional sobre el uso excesivo de la Fuerza por las autoridades de Venezuela, estimando que pueden tratarse de crímenes contra la humanidad: “la investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad (…), exhortó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lanzar una investigación Internacional sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela”, afirmó Ad al Hussein en Ginebra.
Igualmente informó Walter Márquez que esta semana la Secretaría General de la OEA en Washington ha convocado a varias sesiones de trabajo para evaluar los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo al análisis presentado por Márquez, el informe de Ad al Hussein además de señalar graves violaciones de derechos humanos, se tipifican crímenes de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 numeral 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y aunque se limita a describir las violaciones y abusos de los derechos humanos y no evalúa el tema de crímenes de lesa humanidad, al examinarlo con detenimiento se determina que se cometieron múltiples delitos, los cuales aumentaron con la implementación del Plan Zamora a través del cual se recrudeció la represión, entre ellos homicidios que alcanzaron la cifra de 124 asesinatos de los cuales 46 fueron cometidos por los organismos de seguridad de Venezuela y 27 por grupos paraestatales autodenominados colectivos, así como el uso de armas letales resultando lesionadas 1.958 personas y más de 10.000 afectados quienes no denunciaron por temor a una nueva represión por parte del Estado, en estos hechos se tipifica el delito de asesinato contemplado en el Artículo 7 numeral 1, literal “a” del Estatuto de Roma.
Del informe también se desprenden otros delitos que están contemplados como crímenes de lesa humanidad en dicho artículo en sus distintos literales, entre ellos el deterioro de la calidad de vida causado por la inflación, grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, el aumento de la pobreza y un alto grado de desnutrición infantil que está enmarcado como delito de exterminio en el literal “b” de esa norma de derecho internacional.
Igualmente se señalan las encarcelaciones violando el debido proceso, que de acuerdo a este informe y al Foro Penal Venezolano fueron 5.051 personas las detenidas de manera arbitraria. Solo en el Táchira encarcelaron a 334 ciudadanos, muchos de los cuales fueron detenidos de manera ilegal a partir de pruebas falsas, también se utilizó la justicia militar para procesar a 609 civiles que estaban al margen de un conflicto armado”, violándose de manera flagrante el literal “e” del mismo artículo.
En la comunicación enviada a la CPI en la Haya por el parlamentario jubilado, se indica que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, de acuerdo al artículo en cuestión, ha cometido múltiples crímenes de lesa humanidad por los casos de torturas y malos tratos, según el literal “f”; abusos sexuales señalados en el literal “g”; la persecución política a la oposición, especialmente a miembros de la Asamblea Nacional donde se reseñan más de 90 ataques y 44 intimidaciones contra ellos, además de la persecución de alcaldes y gobernadores opositores, lo cual se enmarca en el literal “h”; las desapariciones forzadas de personas, establecidas en el literal “i”, y otros actos inhumanos que se tipifican en el literal “k”, por los graves sufrimientos causados, por los allanamientos ilegales y destrucción de residencias y viviendas.
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Aunque el informe solo analiza el tema de derechos humanos y no el de crímenes de lesa humanidad, aclaró Márquez, este es un informe oficial de un órgano de las Naciones Unidas que se debe ampliar investigando y documentando las víctimas y casos concretos, tanto de grave violación de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, porque solamente en el estado Táchira, que se menciona en el documento de manera somera, ocurrió una gran cantidad de destrucción de residencias y viviendas, de allanamientos, destrucción de vehículos, detenciones arbitrarias, persecución y asesinatos, pues solo el 30 de julio, día de la elección de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, hubieron 9 muertos de manera sistemática, la mayoría por francotiradores integrantes de las fuerzas armadas venezolanas.
Nicolás Maduro además de ser presidente de la república, es jefe de estado y de gobierno conforme al artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional de acuerdo al artículo 236 numerales 5 y 6 constitucional, por lo tanto en esas condiciones por acción o por omisión tiene responsabilidad política, civil, penal y administrativa nacional e internacional por haber ordenado o permitido cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas populares en el país. Su responsabilidad además de jefe de estado es personal e individual, conforme al artículo 27 del Estatuto de Roma en el que se señala que las inmunidades y los procedimientos especiales que conlleva el cargo oficial no es impedimento para ser juzgado por la Corte Penal Internacional, señaló Márquez.
Como consecuencia de las abundantes evidencias que contiene el informe del alto comisionado de DDHH de la ONU sobre violaciones y abusos durante las protestas masivas en Venezuela entre abril y julio de 2017, Walter Márquez le solicita a la Fiscal Jefe de la CPI, realizar de oficio un examen preliminar del contenido del mismo, de acuerdo a los artículos 15 y 53 del Estatuto de Roma, para iniciar una investigación sobre la responsabilidad individual de Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en esos meses de protestas masivas.
Además de esta solicitud a la fiscal ante la CPI, Walter Márquez le remitió al Secretario General de la OEA, Luis Almagro copia de su denuncia ante la Corte Penal internacional consignada el pasado 11 de enero de 2016 bajo el número OTP-CR-22/16 la cual contiene una amplia investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la frontera, especialmente la destrucción de pasos fronterizos internacionales en la cuenca alta del río Táchira, la represión durante las protestas populares entre febrero y junio de 2014 y los cierres fronterizos entre el año 2013 al 2015, donde hubo más de 20 mil desplazados forzosos, unos 1.500 deportados forzosos, 200 viviendas destruidas en el sector La Invasión de San Antonio del Táchira, y de acuerdo a análisis estadísticos hechos por profesores universitarios, hay aproximadamente 2 millones de personas afectadas de manera directa por el cierre fronterizo tanto en el Táchira como en el Norte de Santander.
La información fue remitida al despacho del Secretario General de la OEA a través de Juan Carlos Gutiérrez, el abogado de Leopoldo López, quien asiste a esas sesiones de trabajo en Washington desde el lunes, así como Luis Moreno Ocampo, quien fuera fiscal jefe ante la CPI entre junio de 2003 a junio de 2012.
