En un Estado de Derecho el Poder Judicial no se siente, a menos de que sus decisiones nos toquen personalmente. Si dejamos de pagar lo adeudado y nos embargan, allí sentimos la presencia drástica de la justicia; si el desencuentro marital termina en divorcio, en nuestras vidas se cruza la vara implacable de la justicia; si perpetramos algún delito y nos sancionan sentiremos en toda su plenitud su poderío que incidirá de manera grave en nuestra vida.
Pero el Poder Judicial cumple también su rol político enderezando los entuertos en los cuales suelen incurrir el Poder Legislativo al sancionar una ley violatoria de la Constitución o el Poder Ejecutivo por aprobar un decreto o un reglamento igualmente inconstitucional y al anular esos actos ilegítimos, veremos su ignoto poder desconocido para la gente en general. Lo hace sin previo aviso, como un sabio poderoso y equilibrado que corrige entuertos de manera silenciosa y contundente.
Esa es la delicada e importante función del sosegado y sereno Poder que dirá la última palabra en los conflictos públicos o privados. Su casi anonimato en una democracia llega al extremo de hacer dudar de su existencia, hasta que surge con su decisión en la mano que destruye o recompone vidas o que ratifica o anula la acción de los otros Poderes del Estado.
Esa es la función del Poder Judicial en un Estado Derecho cuya acción está pautada por la ley, diferente es su cometido cuando actúa dentro de un régimen arbitrario que se caracteriza por el olvido de la ley y orienta su gestión con base en la inseguridad jurídica, propia del capricho oficialista para realizar sus ilegales metas.
Para que un Poder Judicial actúe de tal manera debe perder su independencia, que la cambia por la servil obediencia a las órdenes del régimen que detenta el poder. Tiene por base otra ausencia: la autonomía del juez en el ejercicio de sus funciones. En una democracia no puede existir orden alguna hacia el juez en su sagrada misión que es la de interpretar y aplicar la ley. Sin jueces autónomos no hay independencia judicial. Dicho de otra manera: la base de la independencia judicial descansa en la función autónoma de sus jueces.
Visto el asunto así y ante uno de los objetivos de las Conversaciones de México, cual es la reforma del Poder Judicial, advertimos con suma cautela por un lado la realización de tal propósito en un régimen arbitrario, en una dictadura y por el otro, que se logre tal finalidad si no se renueva toda su estructura, no en la forma, no en las leyes y reglamentos que lo organiza, sino en los hombres y mujeres que lo integren. Con los mismos secuaces que hoy se pliegan abominablemente ante los designios del oficialismo no se puede vislumbrar una reforma judicial, un nuevo Poder Judicial.
Eso de reformar el Código Orgánico Procesal Penal en unos cuantos artículos, para entregar las reformas en manos de magistrados y jueces quienes violan cotidianamente este Código, así como cualquier ley que se les ponga por delante, es un verdadero despropósito, es un timo propio de la mayoría de bribones que integran la Asamblea Nacional.
El problema del Poder Judicial no es de leyes sino de quienes integran sus diferentes instancia y si no hay una renovación al respecto seguiremos el camino antes transitado y develado por la misión de la Organización de Naciones Unidas que visitó a Venezuela hace poco.
Por ello es absolutamente inútil el que la Asamblea Nacional haya aprobado reformas que tienen que ver con los procedimientos penales y con ello aparentar que en nuestro país se está procediendo a una reinstitucionalización de la justicia y así evitar que por vacío legal interno las instancias penales de jurisdicción internacional tomen en sus manos los casos de violación de Derechos Humanos en Venezuela.
Puede estar seguro el régimen venezolano que, con todo y esos retoques de maquillaje o lavada de cara, con todo y su parafernalia de micrófono, la justicia internacional seguirá su andar, con pasos silenciosos de felino, lentamente, progresivamente, sin miedo, con seguridad y firmeza. Allí está el informe Bensouda en manos de Karim Khan. Próximamente sabremos cuando se concretará la denuncia del Fiscal Khan ante la Corte Penal Internacional, que podrá actuar con base en su carácter complementario que le da la inacción de los tribunales nacionales ante la grave y cotidiana perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano.
El régimen quedó desnudo en su impudicia en el último informe de la Misión de la Organización de Naciones Unidas, en donde se denuncia a los órganos judiciales venezolanos como cómplices de la violación de Derechos Humanos; que jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias; que funcionarios policiales y militares cometieron abusos sexuales y mecanismos de tortura; que, por último, en 113 de los 183 casos de detención examinados por la Misión, se constataron la comisión de torturas, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto no está en la agenda de México, La Haya está muy lejos.
La justicia internacional avanza con México o sin México. En estas negociaciones el régimen puede encontrar una puerta de escape, la posibilidad de un refugio a tiempo en unos de los países que actualmente lo apoyan. Pero el plazo no es indefinido. Y si llegan a levantarse de le mesa de negociación, puede que muy pronto, con la rapidez y letalidad de un tigre, esta justicia la sientan sobre su garganta, de manera silenciosa, contundente e implacable. Quien piense que en México el régimen juega con ventaja está totalmente equivocado.
