Varias denuncias han sido recabadas por los diputados del Consejo Legislativo Regional, Juan Carlos Guevara, candidato a la Gobernación del Táchira por la Alianza Popular Revolucionaria (APR), y el diputado Jhon Luna representante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), con respecto a irregularidades en la venta y distribución de combustible, en distintos municipios de la región andina.
Desde el pasado 17 de noviembre del año 2020, el costo del combustible pasó a ser de manera internacional tras un comunicado publicado por la Mesa de Combustible, (órgano encargado de la distribución y manejo del servicio a través del protectorado), en el que mencionaban lo siguiente: «debido al bloqueo del gobierno norteamericano, se dificulta la atención de toda la flota vehicular, motivado a la disminución de la producción del combustible en el país», desde ese momento solo algunos sectores previamente censados tuvieron acceso a este servicio de forma subsidiada.
Guevara afirmó que desconocen la cantidad de combustible por cisternas subsidiadas que llegan a la entidad, cada una está valorada en 18mil dólares que deberían ser enviados al Fisco Nacional para la reinversión del Estado.
«Hay que transparentar la distribución de combustible, aquí no sabemos cuántas cisternas de carácter subsidiado están llegando al estado, no hay nadie que informe de eso, y por supuesto no sabemos cuánto está ingresando a nuestro presupuesto nacional», admitió.
«El PSUV actúa de manera discriminatoria»
Para Juan Carlos Guevara, diputado del Consejo Legislativo Regional, es paradójico que un tema tan público como el combustible, con algunas denuncias de fondo y solicitudes ante el Ministerio Público, no haya sido investigado aún, manifiestó que el contrabando, ventas clandestinas, y mafias en el manejo del suministro, es un tema que no se escapa del conocimiento de todo tachirense.
Señaló que todo forma parte de un plan ejecutado por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde presuntamente se desvía y disminuye el despacho para crear una sensación de necesidad en la colectividad. «Por la baja llegada del suministro al estado, la población se ha visto en la necesidad de repagarla. Consideramos que se está tratando el tema del suministro del combustible con mucho pulso, para mantener la necesidad y así obligar a la gente a comprar y a repagar la gasolina más allá del precio oficial».
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Denunció Guevara que el PSUV es quien distribuye el combustible, pero también tienen el manejo de la ley en la región. «¿Quiénes están distribuyendo el combustible?, el PSUV, y ¿quiénes colocan a los jueces? el PSUV y ¿quiénes son los fiscales?, el PSUV, lo más grave es que el alto mando militar del estado está supeditado al PSUV y de allí la alta complicidad por la cual no se está investigando y castigando este delito», afirmó.
Explicó que según algunos llamados de atención, y denuncias recabadas en comunidades productoras del estado, es la dirigencia del partido del estado la que maneja la distribución total del servicio, en el caso de los municipios son los mismos concejales o alcaldes los encargados de tomar estas decisiones.
«En las zonas de montaña, donde hay una gran cantidad de productores agropecuarios ni siquiera les llega la gasolina internacional, allá toda la gasolina que circula, es gasolina de contrabando y revendida, gasolina que proviene de esas mismas estaciones de servicio, pero que se vende más allá del precio internacional», explicó Guevara.
