Gabriel Montenegro/DLA.- La Ley de educación en Venezuela es muy clara, y consagra el derecho inalienable de todos los ciudadanos en tener una educación integral y gratuita, premisa inserta en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esa misma le está siendo violentada actualmente por algunos directores y personal administrativo de un significativo número de centros de enseñanza, especialmente de educación preescolar y básica, quienes se dan a la tarea de negar el derecho de inscripción a varios niños, hijos de venezolanos que han retornado a Venezuela y en caso específico a Trujillo, luego de haber probado suerte en otros países vecinos.
¿Quién tomó esa decisión?
En reiteradas denuncias recibidas a través de personas afectadas, tenemos que varias madres de niños en edad preescolar han acudido a formalizar sus respectivas inscripciones y han recibido como respuesta que «no los podemos inscribir porque no nacieron en Venezuela».
Ignoran esos directores y quienes «inventaron» tamaño abuso discriminatorio, que la práctica del socialismo venezolano, según el papel, es completamente incluyente y no se permite discriminar a nadie, cualesquiera sea su condición, raza, género, edad, credo y posición social.
En Valera son varios los planteles que están incurriendo en este grave delito, obligando a los padres y representantes a acudir a la Zona Educativa a buscar un supuesto «permiso aprobatorio» para poder inscribir y aceptar a los niños y al llegar a esa dirección, de inmediato los rebotan expresándoles que «eso es falso» y los devuelven al plantel donde de nuevo son rechazados.
Ese «peloteo» de burda y retrógrada burocracia se está convirtiendo en un vicio y las autoridades, especialmente el ciudadano gobernador Gerardo Márquez, debería revisar esta situación y poner en cintura a quienes amparados en un cargo direccional abusan del pueblo.
En la Zona Educativa del estado Trujillo, nadie sabe tampoco quién dio esa orden tan absurda que tira por el suelo los derechos sagrados de los niños.
«Al parecer, quienes inventaron tamaño delito contra el derecho educativo de todos los venezolanos, están buscando matraquear a los padres de los pequeños con doble nacionalidad y meterse unos cuantos dólares en sus bolsillos, cuando la mayoría de madres humildes apenas tienen para poder alimentarlos.
Hacemos el llamado respetuoso a las autoridades de la Zona Educativa, para que aclare esto en un comunicado y los culpables sean desenmascarados.
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Ojalá y mucho funcionario ignorante entienda que la ley que representa dice muy claro: «El derecho humano a la educación vincula la dignificación, atención y nada de discriminación contra cualquier tipo de persona».
Asimismo no se puede ofender la moral de los padres y representantes y menos negar su justo derecho a los niños en general».
Si hay funcionarios que no han entendido esto, renuncien y devuélvanse a estudiar ellos; porque sencillamente perdieron el tiempo como estudiantes en las aulas de clase y le causan un gran daño a la nación».
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