Al cumplirse este 25 de marzo de 2022 un año de la llamada “masacre de El Ripial”, ocurrida en el Alto Apure durante la confrontación armada entre la Fuerza Armada Nacional venezolana (FAN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), los representantes de los organizaciones defensoras de derechos humanos Marino Alvarado de Provea, y Walter Márquez, de la Fundación El Amparo, exhortaron al fiscal General de la República, Tarek William Saab, a informar los resultados de la investigación.
El presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, indicó que de acuerdo a estudios realizados por Provea y la organización que él representa, esas investigaciones fueron paralizadas en la Fiscalía 62 de Caracas. “A pesar de que el propio Fiscal anunció el envío de dos fiscales y de dos expertos, no pasaron de la población de La Victoria, ni han llamado a declarar a ningún testigo, ni tampoco a ningún familiar, no han promovido ninguna prueba. Los propios abogados apoderados de las víctimas, con documentos notariados en Arauca y en Guasdualito, no han podido acceder al expediente”, destacó.
Por su parte Marino Alvarado, representante de Provea, manifestó que organismos internacionales de protección han estado al tanto de lo que ha ocurrido en el estado Apure; sin embargo, les preocupa que no hay voluntad del Estado venezolano de investigar a los autores materiales y a la cadena de mando por el asesinato de cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia, en el hecho conocido como la masacre de El Ripial.
“Hemos estado informando a la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, igualmente a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el personal que está aquí en Venezuela, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no vemos voluntad del Estado en investigar. Esto contradice totalmente el memorándum de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que obliga al Estado venezolano a ejercer investigaciones genuinas en aquellas situaciones en la cual se pueda presumir que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, acotó.
Recordó Alvarado que las ejecuciones extrajudiciales están catalogadas como crímenes de lesa humanidad, por lo que es obligación del Ministerio Público investigar no solo a los autores materiales del asesinato de estas cinco personas, sino también a la cadena de mando de las FAES, porque presuntamente fueron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes ejecutaron este asesinato. Allí incluye también a los funcionarios de las Fuerzas Armadas quienes dirigían el operativo en ese momento.
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