Caracas, 24 sep (EFE).- El coordinador general de la organización no gubernamental Provea, Rafael Uzcátegui, instó este viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a hacer seguimiento y exigir que sean investigados los actos de intimidación y represalias cometidas contra activistas de Derechos Humanos en Venezuela.
«Instamos a los miembros de este consejo a hacer seguimiento a los actos de intimidación y represalias contra los defensores de Derechos Humanos, las víctimas y las organizaciones que han venido colaborando con la misión», dijo Uzcátegui en su mensaje ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El activista solicitó al organismo internacional exigir al Gobierno de Venezuela «que se abstenga de esos actos y se investigue y se sancione a los responsables».
En el encuentro virtual participó también la dirigente opositora de Venezuela María Corina Machado, quien instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a «avanzar en la investigación por los crímenes de lesa humanidad» contra el Gobierno venezolano.
Uzcátegui denunció que en Venezuela la impunidad «sigue siendo estructural y a ella contribuyen los jueces, los fiscales, los organismos de investigación y la propia Defensoría del Pueblo».
Aseguró que los anuncios que las autoridades venezolanas han realizado en torno a algunos de los casos reportados en los informes de Misión Internacional Independiente de la ONU para el país caribeño «no son genuinos».
En este sentido, destacó que «el trabajo de los organismos internacionales de protección constituyen la última esperanza de las víctimas en obtener justicia».
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Ante los planteamientos de Provea, la misión de la ONU insistió en que «es una obligación» de Venezuela «dar protección a todas aquellas personas que contribuyan con los mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos», tal como se desprende de un video que la organización publicó en Twitter.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ha dado dos informes con respecto a lo encontrado en ese país. En el último de ellos, publicado el pasado 16 de septiembre, expone haber encontrado «motivos razonables» para creer que políticos oficialistas venezolanos de alto nivel han influido en el Poder Judicial venezolano.
