No son EEUU, Cuba, Francia, Alemania, China, Inglaterra, Colombia, Rusia, ni Brasil, entre otros, quienes deben decidir la salida de la crisis venezolana; es Venezuela quien debe hacerlo.
No queremos ser parte del ajedrez mundial que juegan los poderosos, pues el mismo se desarrolla en función de sus intereses y no de los nuestros.
No podemos dejar en el reducido mundo de las direcciones partidistas el destino de los venezolanos, pues sus acciones obedecen a sus intereses particulares, que no son ni con mucho los intereses de la nación.
No son Maduro, Guaidó, Borges, Diosdado, Ledezma, Carreño, Machado, Lucena, Saab, ni Capriles, entre otros, quienes deben disponer de nuestro destino; somos todos los venezolanos quienes debemos hacerlo.
Si se habla de recuperar la democracia, la libertad y el pluralismo, no hay excusas para no consultar al pueblo soberano sobre la salida de la grave crisis actual y de la llamada transición.
Mal puede atribuirse el derecho de decidir la ruta de la recuperación de la institucionalidad, el mismo liderazgo político nacional que ha cometido errores tan graves y tan frecuentes en todos estos años.
No debemos caer en la tentación de ver a Juan Guaidó como el Mesías que nos salvará del desastre actual y nos conducirá al futuro luminoso deseado, pues muchos vimos a Chávez de la misma manera en 1998.
Juan Guaidó tiene hoy una gran aceptación y popularidad no por haberse ganado su liderazgo en la lucha política diaria del país, sino porque los hechos lo llevaron a la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN).
Algunas fuerzas políticas serias apoyan las directrices de la directiva de la AN contra el régimen de Maduro, por considerarlas apropiadas para salir de éste y de su claque gobernante.
Otras fuerzas políticas menos serias adhieren las acciones opositoras de la AN por oportunismo político, pues simplemente se anotan a quienes consideran ganadores en este momento.
Las encuestas que dicen que la casi totalidad de los venezolanos quiere salir de Maduro, a cualquier costo, son sólo instrumentos perversos de manipulación pagados por los sectores más antinacionales del país.
Existe la necesidad de que las partes en conflicto se reúnan y negocien, sin condicionamientos de ningún tipo y con participación de quienes han mantenido una posición distinta a las de los sectores enfrentados.
Previendo la realización de elecciones futuras, se debe proceder a designar de inmediato un nuevo CNE equitativo y no controlado por ningún sector político ni partidista.
El nuevo CNE deberá garantizar la elaboración de un Registro Electoral totalmente depurado y aceptado por todos, así como la de integrar nuevos organismos electorales en todo el ámbito nacional, institucionales, imparciales y con representación los partidos políticos participantes.
El nuevo CNE debe estar en capacidad de organizar procesos electorales participativos, equitativos, transparentes y apegados estrictamente a la Constitución y las leyes.
Si se decide la relegitimación de todos los poderes, la misma deberá iniciarse por la Presidencia de la República y continuar con la Asamblea Nacional. Las elecciones de los otros poderes deberán realizarse después.
Los procesos electorales, tanto comiciales como constitutivos de los distintos organismos electorales deben ser supervisados por la ONU.
Las diferencias no subsanables durante las negociaciones entre el gobierno y las oposiciones existentes deberán ser sometidas a referendo consultivo de carácter vinculante, de manera que el pueblo soberano decida.
No se debe aceptar excusas de ningún tipo para proceder a violar ninguna disposición constitucional.
