Lea también
El ODH-ULA se suma a las organizaciones defensoras de derechos humanos que de igual forma alzan su voz para dar a conocer a la CIDH las violaciones que el Estado venezolano comete contra sus ciudadanos desde hace años. En este sentido, el ODH-ULA hace énfasis en las violaciones a derechos humanos de los habitantes de los estados andinos del país, las cuales ha documentado este observatorio desde su creación, en el año 2014. El ODH-ULA también resalta los atropellos cometidos por «el régimen» contra los derechos universitarios y la libertad académica.
Impunidad y ausencia de justicia
Durante el 2019, solo en el estado Mérida, el ODH-ULA registró asesinatos de tres personas cometidos por funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. “En todos los casos hubo uso indiferenciado de la fuerza y se violaron los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, precisa el más reciente informe del ODH-ULA. Ninguna de las víctimas, ni sus familiares, han recibido justicia ni reparaciones.
El ODH-ULA resalta, además, las violaciones a los derechos de las víctimas por extensión de estos casos, debido a la recurrencia de retrasos e irregularidades en los procesos judiciales, así como la denegación de justicia y reparación por parte del Estado venezolano.
Misma situación viven de más de 30 víctimas asistidas o representadas por el equipo jurídico del ODH-ULA, quienes suman al menos dos años a la espera de justicia. Uno de ellos es el estudiante de la ULA Erickvaldo Márquez, quien fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017 por un hecho ocurrido cinco meses antes, el 24 de abril, en el marco de las protestas sociales registradas en Mérida. Márquez permanece privado de libertad en condiciones inhumanas, como lo han constatado abogados del ODH-ULA en visitas al centro de reclusión donde él se encuentra.
Represión desmedida
En la región andina del país la represión estatal ha causado muertes y lesiones irrecuperables en decenas de víctimas. El 1° de julio de 2019 el adolescente Rufo Chacón perdió sus ojos tras el ataque de un funcionario policial. Chacón participaba en una protesta pacífica por falta de gas doméstico en el estado Táchira.
El ODH-ULA ha documentado más de 20 casos similares a los del joven Rufo Chacón, donde las víctimas han perdido parcial o totalmente la visión a causa de ataques directos al rostro en el marco de represión ejercida por funcionarios de la fuerza pública.
Algunos de los casos documentados por el ODH-ULA fueron presentados el pasado 12 de noviembre de 2019 en una audiencia concedida por la CIDH, en el marco del 174° período de sesiones celebrado en Quito, Ecuador.
