Ante la falta de transparencia y técnica legislativa tanto en la exposición de motivos como en el articulado propuesto, la legisladora de la Plataforma Unitaria, Liliana Guerrero, salvó su voto en la reciente sesión del Consejo Legislativo donde fue debatido en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Administración Pública del estado Bolivariano de Mérida.
Esta reforma de ley es ambigua, dijo Guerrero, no tiene una visión clara de crear una verdadera figura normativa cónsona con la realidad del estado, en lo que a materia de Administración Pública se requiere; por el contrario, deja ver claramente que es solo para introducir en la estructura administrativa figuras erróneamente creadas por decretos ejecutivos, cuando solo pueden ser creadas por ley, propuestas por el órgano procuradural, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución del estado Mérida.
Se observan en algunos puntos planteados en el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Administración Pública estructuras que quieren ser incorporadas en la organización de la administración pública estadal que colidan en sus funciones y que pudieran estar por encima de estructuras políticas organizativas ya previstas en la Constitución del estado, que de ser aprobadas podría darse una colisión de normas.
Guerrero dijo no estar de acuerdo con otorgarle mayor poder al gobernador (a) del estado, como en el caso de las nuevas Coordinaciones de Gobierno Territorial, figura que pasaría a suplantar a las prefecturas, quedando a potestad del mandatario regional definir sus competencias -entre otras disposiciones- vía decreto, en clara violación al artículo 9 de la Ley de Administración Pública Estadal vigente.
“Nos queda claro a los legisladores de la Plataforma Unitaria, quienes salvamos nuestro voto, que el único propósito de estos cambios es – en el caso de la figura de los prefectos- disponer de los mismos con el fin de hacer proselitismo político, y no con las verdaderas concepciones de visión y misión con la que estos órganos fueron creados por ley.
Guerrero cuestionó de igual modo que se pretenda establecer en la reforma de dicha ley que los manuales administrativos de la Administración Pública Centralizada para el sistema de control interno -aun cuando son aprobados por el gobernador o gobernadora- que se suprima el valor y mérito jurídico legal que tiene la Procuraduría del Estado en cuanto a que dichos manuales sean revisados por este órgano de consulta jurídico-legal a través de la emisión de su correspondiente opinión, competencia atribuida en su misma ley de funcionamiento vigente, sin menoscabar con ello ninguna disposición de la Ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal contenida en sus artículos 35 y 36 de esta Ley.
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Considera la parlamentaria regional que la reforma de esta ley debe ser total y no parcial, así como de su Reglamento, pensando en la buena organización, estructura y funcionamiento de los órganos y entes que conforman la administración pública estadal, los cuales están para garantizar el correcto funcionamiento del estado a favor de los ciudadanos.
Reiteró la legisladora Liliana Guerrero que todo aquello que vaya en beneficio del estado y sus habitantes será apoyado, pero se abstendrá de dar su voto a lo que no sea favorable a los merideños. Prensa LG.-
