Santiago de Chile, (EFE).- La ONU mostró este martes su «preocupación» por la deportación de un grupo de 56 personas de nacionalidad venezolana en un vuelo que ordenó el pasado domingo el Gobierno chileno como parte de un plan para desalentar la migración irregular.
«Varias (personas) fueron expulsadas a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución (…) y en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares», alertó el comunicado, firmado en conjunto por cuatro agencias de Naciones Unidas y divulgado en Santiago de Chile.
En el documento, las instituciones llamaron al Gobierno a «cumplir los tratados internacionales de derechos humanos» y aseveraron que todas las personas sujetas a una medida de expulsión «tienen derecho a una evaluación individual de su caso y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad».
El Ejecutivo del conservador Sebastián Piñera anunció hace un mes el inicio de un proceso con el que pretende echar a unos 1.500 extranjeros durante 2021 en 15 vuelos distintos, una medida que ha recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes que alertan que los derechos de los extranjeros están siendo vulnerados.
Según confirmaron a Efe fuentes del Departamento de Extranjería, de los 56 migrantes expulsados, 19 fueron por vía judicial, es decir, devueltos por haber cometido ciertos delitos, y 37 por la vía administrativa, expulsados por no tener en regla su situación migratoria o haber ingresado por un paso no habilitado.
El comunicado instó a diferenciar ambos tipos de expulsión ya que cada una «requiere un protocolo de gestión diferenciado» y aclararon que «la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia» al «asociar a las personas expulsadas con la comisión de delitos».
Firman el documento la Oficina para América del Sur de ACNUDH, la agencia de derechos humanos de la ONU; la oficina en Chile de ACNUR, la rama de refugiados; UNICEF, el fondo para la infancia, y la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las deportaciones se amparan en la nueva Ley de Migración, que impulsó el Gobierno bajo el lema de «ordenar la casa», y que exige desde abril a los extranjeros obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que ingresen al país como turistas y cambien su estatus migratorio para buscar trabajo.
Mientras que para el oficialismo la nueva norma es una vía para enfrentar el creciente ola de extranjeros, expertos en materia migratoria apuntan a que el endurecimiento de las fronteras ha desembocado en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
Pese a la pandemia y la crisis social que se extendió durante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
