Caracas, 31 mar (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) continuará la investigación a Venezuela desde su propia oficina en Caracas, después de que el Gobierno y el alto tribunal acordaran la instalación permanente de una sede en la capital, para mantener la colaboración mutua durante el proceso, según anunció este jueves el fiscal de La Haya, Karim Khan, de visita en la nación caribeña.
Khan, quien llegó a Venezuela el pasado martes, donde mantuvo reuniones privadas con el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades del Estado, destacó la importancia de la cooperación que -aseguró- está brindando el Gobierno en el marco de la investigación acordada el pasado noviembre, cuando el fiscal también viajó al país suramericano.
En opinión del fiscal, la apertura de una oficina técnica en Caracas, que forma parte de un memorando de entendimiento firmado por las partes, es un «paso muy importante, muy significativo», ya que «va a permitir cumplir con la responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma» y adquirir un compromiso «con las autoridades venezolanas».
Por su parte, Maduro, quien compareció con Khan desde el palacio presidencial de Miraflores, aseguró que Venezuela está cumpliendo con el memorando de entendimiento firmado en noviembre, en el que se destacó el principio de complementariedad para que el proceso de investigación se desarrolle con la colaboración mutua y permanente.
DIÁLOGO Y COOPERACIÓN
El mandatario, que reiteró la voluntad de las instituciones venezolanas de continuar trabajando con la CPI mediante el «diálogo efectivo» y la «cooperación», consideró que el establecimiento de la oficina en el país para la «asistencia técnica conjunta» servirá para abordar asuntos de interés «en tiempo real» y de manera «eficiente».
Además, celebró la apertura de una sede del alto tribunal, puesto que -señaló- de este modo, Venezuela podrá avanzar más en el ejercicio de sus derechos y mantener una comunicación directa y cercana, para que «el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso».
«Saludo que la CPI, con su capacidad y su bagaje, venga con una oficina para que Venezuela avance aún más en el ejercicio de sus derechos. Usted tiene las puertas de Venezuela abiertas. Somos los primeros interesados en el goce de los derechos humanos, sociales y políticos por parte de nuestro pueblo. Somos los primeros interesados en que se haga justicia», expresó.
El mandatario aseguró, además, que el país está en un proceso de «reforma profunda» que denominó «revolución de la justicia», para llevar a cabo todas las modificaciones necesarias.
«Ahora estamos en un proceso de reforma profunda, yo le he llamado la revolución de la justicia, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, en leyes, en métodos de trabajo, en funcionamiento de las instituciones, ese proceso se ha dado en Venezuela a partir de un diálogo social, institucional, político y comienza a arrojar importantes resultados», explicó el jefe de Estado.
Por su parte, Khan, quien agradeció al mandatario su voluntad de diálogo y cooperación, destacó que ha mantenido un «intercambio franco y fructífero», tanto con Maduro, como con otros altos funcionarios del Estado, como el fiscal general, Tarek William Saab.
CINCO MESES DE ANDADURA
Durante los casi cinco meses que han transcurrido desde que la CPI decidiera investigar a Venezuela, apenas se han dado a conocer detalles de la marcha del proceso, pero, según señalaron hoy las partes, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de «diálogo» y dando cumplimiento al memorando suscrito el 3 de noviembre.
Entonces, cuando el fiscal comunicó la decisión del alto tribunal, aclaró que la CPI investigaría si realmente se cometieron delitos de lesa humanidad en el país, y aclaró que, en ese momento, no se había identificado «a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
Por tanto, señaló Khan, «la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos estaba Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).
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