Caracas, 22 feb (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, acusó este lunes a los opositores Julio Borges, Leopoldo López, Manuel Rosales y al embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Story, de planear, en una reunión en Colombia, nuevas acciones «violentas» y sanciones contra su país.
«Planearán nuevas sanciones contra el pueblo de Venezuela, acciones conspirativas y violentas, les dirán si les dan permiso (o no) de participar en las elecciones de gobernadores, hablan del ‘palo y la zanahoria’. En fin, nauseabundo», dijo Rodríguez en Twitter.
Indicó que una fuente «indignada» del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, le informó sobre la reunión que se celebrará en el Hotel Marriot de Bogotá y compartió una foto de la «agenda» de los encuentros que se celebran desde el pasado viernes hasta este próximo 26 de febrero.
«Ayer, James Story les hizo una parrilla, corrió abundante whisky 18 años y empezó con las instrucciones a sus perros falderos», agregó Rodríguez en referencia a Borges, López y Rosales.
Entre los temas a tratar, según esa agenda compartida por el también exministro de Comunicación, está la construcción de un movimiento cívico-político para lograr un Gobierno de transición, negociación y acuerdos humanitarios, la lucha por condiciones electorales, entre otros.
«Nunca antes en la historia de Venezuela se había dado el caso de una ‘clase política’ tan pero tan arrodillada a los designios de un representante extranjero, que además persiste en su intención criminal de los tiempos trumpistas», agregó en otro mensaje.
El chavismo ha acusado en reiteradas oportunidades a López y a Borges, así como a Vecchio y a Rosales, también colaboradores del líder opositor Juan Guaidó, de estar detrás de planes para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas consideran a Borges, residente en Colombia, y a López, asilado en España, como prófugos de la justicia, luego de que contra el primero se ordenara su captura y el segundo se escapara del arresto domiciliario que cumplía por una condena de casi catorce años de prisión por la violencia ocurrida en las protestas de 2014.
