Pendientes de dos juicios, la justicia en Mérida, continúan sin emitir sentencias.
Uno de ellos, contra Walter Mayorga y Marller González, incriminados por la muerte de un Guardia Nacional durante las protestas de 2014, hecho ocurrido en Ejido, sin que hasta el momento se presentaran pruebas en su contra, ha sido dilatado por cuarta vez en un mes y de manera injustificada, la audiencia de conclusiones de juicio, previstas para el pasado 7 de abril, por la jueza provisora Lucy Terán, a cargo del caso en el Tribunal de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, alegando no tener tiempo suficiente para escuchar a todas las partes, pautando una nueva audiencia para el lunes 18 de abril.
Se trata de una confabulación delictiva entre jueces y fiscales para mantener privados de libertad a quienes podrían ser opositores al régimen de Nicolás Maduro, refirió Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, ODH-ULA, cuyo equipo jurídico defienden legalmente a los acusados, recordando similar situación vivió Erickvaldo Márquez siendo obligado a permanecer seis meses más detenido sin razón alguna, violando los derechos de los privados de libertad, casos que han sido presentados ante instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde se han documentado las violaciones de Derechos Humanos ocurridos en Venezuela.
Walter Mayorca, tiene un hijo de 5 años que no conoce personalmente, expresa Jennifer Vielma, esposa de Walter, agricultor detenido cuando se trasladaba en un autobús, rumbo al cuartel para presentarse a prestar servicio militar.
La familia de Marller González, por su parte, reside en Jaji, de donde deben trasladarse caminando más de 4 horas para poder tomar un autobús y trasladarse a Mérida con el objetivo de acompañar a Marller en las audiencias, sin que estas se realicen.
Walter y Marller no se conocían previamente a ser inculpados por el mismo delito, aseguran los familiares.
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