La fuga de 14 jóvenes recluidos en el Centro de Rehabilitación Integral del Menor en el estado Táchira, ocurrida el pasado viernes 19 de noviembre, deja en evidencia el alto nivel de irregularidades que hay en el sistema penitenciario, ya que este tipo de centros son para menores de edad, sin embargo, diez de los evadidos son mayores de 18 años de edad.
Los abogados del equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicaron que este hecho revela el grado de abandono del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario respecto a los privados de libertad, y las políticas inoperantes e inaplicables que tiene. A lo que se suma el descontrol judicial, la corrupción en el sistema y la paralización de la justicia en el resguardo de las vidas e integridad tanto de custodios, personal en cárceles y privados de libertad no es respetado y el riesgo que corren sus vidas es alto.
“Los hechos dejan en evidencia que la mayoría de los fugados son personas que no deberían estar en ese albergue de menores. Al cumplir la mayoría de edad deben ser reubicados o trasladados al Centro Penitenciario de Occidente, indistintamente de que el delito se siga llevando por los tribunales de responsabilidad penal del adolescente. Así lo indica la ley expresamente, que está prohibido que adultos y adolescentes estén recluidos en el mismo sitio de menores”, afirma el equipo de abogados de OVP.
La población mayor de edad en este albergue o centro de rehabilitación ya están sancionados con sentencia firme y debieron ser trasladados al Centro Penitenciario de Occidente (CPO). Según fuentes internas, ya las boletas de traslados habían sido emitidas pero el cupo para traslado no fueron otorgadas, es de resaltar que dicho cupo lo da el Ministerio de Servicio Penitenciario, aun cuando existe una orden por parte de un tribunal; esto demuestra además, que ni los jueces de ejecución, ni los fiscales cumplen con sus funciones.
En otro sentido el equipo de OVP pudo conocer que las condiciones de este centro de rehabilitación no son distintas de muchos de los penales o cárceles de todo el país. El Estado venezolano no ofrece actividades para la rehabilitación y reinserción de estos jóvenes, ni tampoco se hace responsable de su alimentación, aun cuando estos centros son dependientes directamente del Ministerio Popular para el Servicio Penitenciario.
Familiares comentan al OVP que si los padres o responsables de estos menores no les llevan el alimento, no comen. Siendo adolescentes en pleno desarrollo, la falta de alimentos representa un problema muy grave para su bienestar y expectativa de vida. Pero además, no solo deben llevar la comida de sus jóvenes privados de libertad, sino que también deben llevarle a los custodios.
Sobre este caso, en el que murió un custodio por herida de arma blanca, y dos resultaron heridos, aún no se ha registrado recapturas, a pesar de que los organismos de seguridad se han desplegado por todo el estado Táchira y la frontera colombiana para dar con el paradero de los 14 jóvenes evadidos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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