Santiago de Chile, 11 abr (EFE).- Bajo el lema de «ordenar la casa», el Gobierno de Chile promulgó este domingo la nueva Ley de Migración que tardó 8 años en aprobarse y que ha recibido un aluvión de críticas de la oposición y de organizaciones promigrantes por imponer una mayor «rigidez» fronteriza y agilizar las deportaciones.
«El objetivo es poner orden en nuestra casa a través una política ordenada, segura y regular que permita la inmigración legal y combata la ilegal«, afirmó el presidente, el conservador Sebastián Piñera.
La nueva ley, ingresada en 2013 en el Parlamento por el actual presidente durante su primer mandato (2010-2014), busca facilitar las deportaciones y exige obtener un visado en el país de origen con el fin de evitar que extranjeros ingresen en calidad de turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.
UNA LEY POLÉMICA
La norma se aprobó el pasado diciembre en el Parlamento tras una entrampada discusión, pero en enero un grupo de diputados de izquierdas (oposición) presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento al considerar «inconstitucionales» varios artículos que el Ejecutivo consideraba «claves».
El máximo tribunal objetó seis disposiciones, entre las que destaca la que prohíbe privar de libertad durante 72 horas a una persona que haya obtenido una resolución de expulsión y el artículo que regulaba el retorno asistido de niños y adolescentes.
Inicialmente la norma establecía que menores «no acompañados» pudieran «ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales», pero esto fue desestimado por el tribunal.
Mientras que para el oficialismo esta nueva regulación es la vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
«Esta ley supone un cierre de posibilidades para los trabajadores migrantes y va en contra de los avances de los acuerdos bilaterales en la región», aseguró Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
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La nueva regulación sustituye a la actual, una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el régimen militar buscaba restringir la entrada de migrantes.
AUGE MIGRATORIO
La promulgación de la ley se produce en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de más de un millar de inmigrantes de manera irregular que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
El desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes y la crisis sanitaria de la covid-19 crearon un clima de máxima tensión en la región, que empeoró con el fallecimiento de cinco extranjeros.
El Gobierno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los «coyotes» que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
Pese a la pandemia de la covid-19 y la crisis social que se extendió durante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
