Agroproductores y autoridades se unen en defensa de la producción nacional

Diversas acciones se han venido realizando para proteger la producción agrícola y pecuaria de la región andina, tal como fue expuesto en la asamblea realizada el pasado 19 de agosto en Pueblo Llano, donde participaron más de trecientos productores de ese municipio, así como de los municipios Rangel, Cardenal Quintero y Urdaneta del estado Trujillo, además de diputados, legisladores, y representantes de la gobernación de Mérida.

Entre los acuerdos más importantes logrados están la aplicación de la ley contra el contrabando, vigente desde el 30 de diciembre de 2010, la apertura del proceso de investigación contra el contrabando y comercio desleal, para identificar a los responsables de traer papas, zanahorias, tomates, cebollas, ajo, cacao y café, entre otros rubros, desde Colombia a precios desleales, expresó Janeth Paredes, directora estadal de la Confederación de Hortalizas de Venezuela Confepapa.

Por su parte Andrés Ramírez, representante de los productores del municipio Rangel, expuso sobre otras calamidades que enfrentan los productores, entre ellas el mal estado de la vialidad, la falta de combustible, el propio contrabando, la falta de insumos agrícolas, falta de financiamiento, falta de seguridad y el maltrato del que son víctimas los productores, especialmente al transportar los productos a otras ciudades.

Elvia Marquina, representante agrario de Carache, estado Trujillo, e integrante de la Confepapa, catalogó el encuentro como altamente positivo, por la masiva asistencia de productores, alcaldes, representantes de las gobernaciones de Trujillo y Mérida, así como diputados y legisladores, comprometidos en la defensa de la producción nacional y la lucha contra el contrabando, que afecta especialmente las zonas rurales y la cadena alimenticia.

Por su parte el gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, preocupado por la situación y en apoyo a los productores emitió el decreto número 224, ordenando a los organismos de seguridad implementar mecanismos de control para combatir el ingreso ilegal de semillas y rubros agrícolas provenientes de otros países, con el objetivo de proteger a los productores de la entidad.