EFE.- Los altos costos de mantenimiento, la disminución de importación de repuestos, la galopante inflación y la escasez de efectivo tienen al sistema de transporte de Venezuela en jaque, mientras la población padece los efectos de esta crisis con un pasaje inestable y largos tiempos de espera para trasladarse.
Los venezolanos tienen que hacer largas filas para tomar un autobús que los movilice dentro de los centros urbanos por la poca oferta de unidades de transporte con las que cuentan los sistemas públicos y privados del país.
Según representantes del gremio de transportistas, la responsabilidad de la crisis es atribuible al gobierno nacional que eliminó subsidios, dejó de invertir en el sector y creó programas que no mantienen su funcionamiento en el tiempo.
El presidente del Bloque Oeste de transportistas de Caracas, Hugo Ocando, explicó que los chóferes tienen un ingreso regulado por las tarifas fijas, mientras que los gastos de mantenimiento son impredecibles debido a que la economía del país se mueve, en muchas ramas, con divisas a precios del mercado negro.
Según Ocando, 70 % del sector transporte está paralizado a nivel nacional, y solo en la Gran Caracas la cifra de unidades pasó de 18.000 a 6.000 porque están accidentados o dejaron de prestar el servicio.
Decenas de autobuses pueden verse abandonados a la intemperie en varios puntos de la capital venezolana, y el término canibalismo surge para referirse a la sustracción de piezas a unidades en dique seco para reparar las fallas de otras.
Pero el declive del sistema de transporte no solo afecta a quienes prestan el servicio, también al que lo usa.
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Los costos sustraen del bolsillo del usuario un elevado porcentaje de sus ingresos mensuales. Dos traslados diarios a un pasaje de costo más bajo de 280 bolívares se convierten al mes en 16.800 bolívares, lo que representa un 12 % del salario mínimo en Venezuela (136.544 bolívares, unos 40 dólares).
Sin embargo, estas estimaciones no se cumplen siempre por la cada vez más libre «piratería».
«El Gobierno ha incentivado, con la regulación de la tarifa, al pirata. Los compañeros abandonaron las líneas organizadas y se están yendo a piratear», señaló Ocando.
Se pudo constatar en el este de Caracas la operatividad de una de estas nuevas paradas de «piratas», con rutas paralelas a las ya existentes y en las que cobran 550 bolívares por un traslado que legalmente es de 280 bolívares.
A pesar de que las carencias son las mismas y de que un aumento de tarifa no resuelve el problema neurálgico, la diferencia es que los ingresos diarios de los piratas son más elevados y con ello aumentan sus posibilidades de adquirir repuestos más rápidamente.
Ocando sostiene que mientras no se controle la inflación no habrá tarifa que aguante los costos.
Por su parte, los usuarios denuncian que con la creación de estas nuevas paradas los chóferes ahora los dejan «botados a mitad de camino» para que estos se vean en la necesidad de tomar otra unidad que culmine su trayecto, lo que incrementa aún más los gastos por traslados de los venezolanos.
Pero no solo el sector privado está afectado por la falta de repuestos. Por ejemplo, el Metro de Caracas y sus sistemas complementarios como el Metrobús, funcionan a media máquina y con fallas constantes.
Al menos 10 caraqueños entrevistados prefieren el transporte terrestre al subterráneo debido a la demora que presenta, a pesar de que en el Metro con apenas 36 bolívares (0,01 centavo de dólar) se cubren los traslados de una semana completa.
Por otra parte, zonas del este de Caracas, como Chacao y Baruta -considerados bastiones de la oposición venezolana-, dejaron de disfrutar del servicio de Metrobús desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales en abril, bajo el argumento de que se trata de una medida de seguridad preventiva.
Dos meses después de que cesaran las protestas las rutas continúan suspendidas en estas zonas en las que las protestas se desarrollaron con intensidad.
Ante la crisis, los transportistas exigen al gobierno venezolano que los libere de las regulaciones o que subsidie el servicio, tanto a ellos como al usuario.
Alegan que si las autoridades quieren ayudar al pueblo, estas deben ayudar a los transportistas porque son ellos quienes «cargan» al pueblo.
