Una serie de acosos viene suscitándose en la empresa estatal Bus Trujillo desde que asumió el nuevo presidente la conducción de la misma han sido botados 50 padres de familia y hay una cacería de brujas según el sindicato
Trabajadores de la empresa estadal Bus Trujillo hacen el llamado a los fiscales públicos, Miriana Rondón y José Portillo, para que se pronuncien ante el desacato de incorporar a sus sitios de trabajo a los “compañeros Daniel Vázquez y Jhony Palomares, despedidos por el presidente de la empresa Simón Sarmiento”
Agregaron que dicha medida es violatoria de los artículos 48,49, 418, 419, 420 numeral 6 y 425 de la Ley Orgánica del Trabajador, más aún cuando la Inspectoría del Trabajo ordenó su respectivo reenganche y pagos de sueldos y salarios caídos con fecha del 25 de abril del año 2019.
Manifestaron que el actual presidente de esta institución estatal desde que asumió las riendas de Bus Trujillo, ha arremetido contra el personal, denunciando que los combos de comida “los reparte entre sus allegados y entorno”.
Igualmente denuncian la cacería de brujas que el presidente de Bus Trujillo ha desatado “hasta el momento han sido despedidos de la empresa 50 padres de familia. Enfatizaron los obreros que existe una persecución laboral contra los miembros del sindicato que los agrupa como es el caso del secretario general de este sindicato Jhony Palomares, atentando contra el fuero sindical establecido en la Ley.
Acotaron que dicho líder laboral fue elegido en elecciones democráticas y participativas por los trabajadores de Bus Trujillo y legalizadas ante la dirección del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo con fecha 30 de julio 2018.
Aseguran los trabajadores que este ciudadano hoy presidente de Bus Trujillo “Es reincidente en su conducta antiobrera, ya que en otras empresa donde ha tenido cargos de confianza ha dejado mucho que decir tales como: la planta de asfalto, en el cruce de Boconó, Aeropuerto del municipio Carvajal, Barrio Tricolor y Dinfra.
Deben hacer cumplir la Ley
Para finalizar indicaron que por estas razones reiteran el llamado tanto a los fiscales que tienen en sus manos el caso, como a la Inspectoría del Trabajo a hacer cumplir el mandato de ley, también solicitan la intermediación del gobernador del estado Rangel Silva, “Que a juicio del presidente de Bus Trujillo cuenta con el apoyo gubernamental para cometer tales desafueros en contra de los obreros”. Acotación estos obreros resguardan sus nombres por temor a mayores represalias.