Mariana Duque/DLA.- Los 31 civiles que continúan detenidos como resultado de la confrontación armada en el Alto Apure entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) aún no tienen fecha de audiencia preliminar, según denunció este viernes 28 de mayo el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
Márquez indicó que 25 de ellos están en el área de Procesados Militares (Procemil) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en el Táchira y los demás en Guasdualito, a quienes les están imputando traición a la patria, rebelión militar, ataque al centinela (cuando la mayoría fueron detenidos en sus viviendas, alcabalas o trabajos), y sustracción de objetos militares.
“No sabemos los que se quedaron detenidos en Guasdualito en qué situación están y hay 18 en un solo expediente que no hay sido individualizado. La responsabilidad penal es individual, no colectiva, entonces ellos han imputado de manera genérica y hasta ahora el juez militar no ha fijado la audiencia preliminar para que los abogados públicos o privados actúen”, acotó.
Destacó que entre los detenidos en Gusdualito hay cuatro mujeres, una de ellas estaba embarazada y por los malos tratos perdió a su hijo.
A esto le suma que el tribunal de control está en Guasdualito, si los detenidos pasan a juicio el tribunal está en San Cristóbal, y si son condenados el tribunal de ejecución está en San Juan de Los Morros en Guárico, lo que atentaría contra el derecho a la defensa, pues se convierte en un obstáculo para las familias que son de bajos recursos y no tienen cómo pagar abogados, ni tampoco la movilización de testigos. Precisó que el juez tiene 20 días que ya están transcurriendo para fijar la audiencia.
Ante esta situación, Walter Márquez junto a Provea solicitará a la Fiscalía General de la República que delegue los fiscales en Guasdualito, pues consideran que por la situación actual está encubriendo los hechos ocurridos en el Alto Apure.
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Explicó que han tenido una serie de obstáculos para adelantar la defensa. “Cuando presentamos un escrito en la Fiscalía de Guasdualito nos dijeron que fuéramos a San Fernando, cuando se presentaron los escritos en San Fernando dijeron que nos dirigiéramos a la Fiscalía 62 en Caracas y al comunicarnos con la Fiscalía 62 de Caracas nos señalaron que debíamos hacerlo por San Fernando de Apure, es un hecho que atenta contra la obligación del Estado”.
