Las fallas en los servicios básicos se acentúan en toda Venezuela desde hace más de una década. En 2010 el expresidente Hugo Chávez firmó un Decreto de emergencia eléctrica y nueve años después, el 7 de marzo de 2019, todo el país quedó a oscuras, algunos sectores hasta por más de cinco días. El servicio de agua potable también empeora, debido principalmente a la falta de mantenimiento, renovación y ampliación de equipos y sistemas hidrológicos.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) elaboró un informe sobre los Deficientes servicios de agua y electricidad en la región andina de Venezuela, a partir de un monitoreo diario hecho en medios de comunicación y redes sociales entre enero y agosto de este año. Los resultados muestran que habitantes de al menos 22 municipios de Mérida, Táchira y Trujillo han sufrido fallas en el suministro de agua potable, mientras que residentes de al menos 21 municipios andinos han denunciado cortes del servicio eléctrico.

El acceso a agua potable y energía eléctrica forma parte del derecho de toda persona a tener a un nivel de vida adecuado, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. En la Constitución venezolana, el artículo 117 establece el derecho de toda persona a disponer de bienes y servicios de calidad, mientras que el artículo 156 señala que el régimen general de los servicios de electricidad, agua potable y gas corresponden al Poder Público Nacional.

A cuenta gotas: fallas del servicio de agua potable en los Andes

En Mérida el ODH-ULA registró denuncias sobre deficiencias del servicio de agua potable en al menos 6 de los 23 municipios que tiene el estado:  Libertador, Santos Marquina, Sucre, Alberto Adriani, Campo Elías y Zea. De acuerdo con datos del censo de 2011 hecho por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en esas jurisdicciones vive el 64,7 % de la población total del estado.

“Las denuncias versan sobre deficiencias continuas del servicio, botes de agua y deterioro de los acueductos. En el municipio Campo Elías, sectores de Manzano Bajo padecen hasta 3 recortes diarios del servicio desde hace varios años, y en la calle Herminia Rosas han pasado hasta 8 días sin agua”, detalla el informe del ODH-ULA.

En el estado Táchira habitantes de ocho municipios reportaron fallas en el servicio de agua por tuberías: Torbes, Bolívar, San Cristóbal, Cárdenas, Córdoba, Junín, García de Hevia y Pedro María Ureña. Según el citado censo del INE, allí reside el 60,7 % de la población tachirense. “Durante veinte años, el agua de una naciente ha sido el amparo para más de 165 familias del barrio Timoteo Chacón en Santa Ana”, reseña una noticia del medio de comunicación digital La Prensa del Táchira, en referencia a la falta de agua constante en un sector de la capital del municipio Córdoba.

En la región andina del país, las deficiencias del servicio de agua potable son aún más críticas en Trujillo. “Entre enero y julio de 2022, se documentaron 24 denuncias desde 8 municipios del estado Trujillo: Boconó, San Rafael de Carvajal, Valera, Rafael Rangel, La Candelaria, Pampanito, Sucre y Sabana de Mendoza”, precisa el informe del ODH-ULA. En el sector Colinas de Bello Monte de Valera, capital del estado, los residentes denunciaron a finales de julio que tiene cinco años sin recibir agua por tuberías.

Un exgerente de la Hidrológica de la Cordillera Andina (Hidroandes), empresa estatal encargada del suministro de agua potable en Trujillo, dijo a este observatorio que más del 50 % del equipo de bombas y motores de la empresa ya ha cumplido su vida útil, mientras que ninguno de los siete principales tanques de almacenamiento de agua funciona, situación que afecta a cerca de la mitad de toda la población del estado.

En tinieblas: fallas del servicio eléctrico en la región andina

En 10 de los 23 municipios del estado Mérida el ODH-ULA ha registrado denuncias por reiteradas fallas del servicio eléctrico: Libertador, Campo Elías, Tovar, Alberto Adriani, Santos Marquina, Rangel, Caracciolo Parra y Olmedo, Obispo Ramos de Lora, Andrés Bello y Julio César Salas. En este último, habitantes denunciaron el pasado 14 de agosto haber sumado 54 horas continuas sin electricidad, corte del servicio que ocurrió cuando la localidad llevaba cinco días sin agua.

En Táchira, por su parte, el ODH-ULA documentó denuncias por fallas eléctricas en zonas de la frontera con Colombia, así como en los municipios Junín, Panamericano y San Cristóbal, capital del estado. Los cortes de luz oscilaron entre 6 y hasta 20 horas continuas, según reportes de medios de comunicación regionales.

Las fallas del servicio eléctrico afectaron principalmente a siete municipios del estado Trujillo: Rafael Rangel, Valera, Betijoque, Pampán, Urdaneta, Bolívar y Motatán. Aquí los apagones han llegado a sumar entre 19 y 24 horas continuas, e incluso semanas en algunos sectores. “Especial mención merece la localidad El Baño, municipio Motatán, en el que, desde hace 2 años, 5 familias no cuentan con servicio de energía eléctrica”, agrega el informe del ODH-ULA.

Además de denunciar por redes sociales o ante medios de comunicación, personas afectadas por las deficiencias de los servicios de agua y luz en los Andes venezolanos también han protestado en la calle. Entre el primero de enero y el 26 de agosto de 2022, el ODH-ULA registró 19 protestas por fallas en el servicio de agua potable y 13 manifestaciones por cortes de luz, realizadas en Mérida, Táchira y Trujillo.

“Los reclamos por deficiencias en tales servicios también se han formulado por escrito. El 1º de abril de 2022, 19 organizaciones de la sociedad civil interpusieron un recurso para exigir explicaciones y el cumplimiento de cronogramas establecidos ante la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el municipio Libertador, estado Mérida, pero no se obtuvo respuesta”, dice el informe del ODH-ULA. En total, cuatro denuncias por fallas de agua y luz han sido consignadas en Mérida ante la Defensoría del Pueblo. El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado debe ser garantizado por el Estado.

En Venezuela, tal y como lo establece la Constitución nacional, los servicios básicos de luz, agua y gas son públicos, administrados por empresas y organismos estatales. Por tanto, la responsabilidad de su funcionamiento recae exclusivamente en quienes gobiernan.