Rosario (Argentina), 12 mar (EFE).- Aunque se esperaba que este martes fuera el primer día de despliegue de las fuerzas federales en Rosario, que vivió en la última semana un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, la ciudad argentina sumó otra jornada con amenazas sin que, por ahora, sea un lugar sitiado.
En la madrugada de este martes se encontró una nota con amenazas de muerte dirigidas al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maxi Pullaro, firmadas por ‘Zona Norte, Sur y Oeste’, en referencia a los barrios periféricos de Rosario, donde operan estas bandas.
«Hasta que Pullaro no pare, vamos a matar» era el texto aparecido en las últimas horas en esa ciudad de la provincia de Santa Fe.
Esta no es la primera vez que Pullaro fue amenazado -de hecho debió sacar a su familia de la provincia-, después de que este fin de semana se encontró una carta similar luego de que mataran a un empleado de gasolinera, firmada por supuestos cabecillas de esas zonas que reclamaban sus «derechos en las cárceles».
«Queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos. Pullaro y (el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo) Cococcioni cargan con muertes inocentes», indicaron en la carta manuscrita.
Además, la cartera de Seguridad santafesina informó en un comunicado de que detuvieron a dos jóvenes de 19 años por las amenazas y por el homicidio del joven de 25 años, último de una trágica lista de cuatro asesinados en una semana; ambos pasaron a disposición de la Justicia, mientras se trabaja para esclarecer los hechos.
Este tipo de ataques han generado parálisis momentáneas de algunos servicios, ya que los comercios empezaron a cerrar sus puertas más temprano de lo habitual, se han suspendido las clases y bajó la circulación de gente en las calles.
También, se impulsó un paro de transporte público a raíz de los homicidios de dos taxistas y un conductor de ómnibus; así como de la recolección de residuos, después de que fueran amenazados con un arma de fuego dos trabajadores que hacían su recorrido cotidiano.
Operativo de seguridad
Después de que el 8 de marzo se creara un Comité de Crisis, bajo el liderazgo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este lunes comparecieron en Rosario ella; su compañero de Defensa, Luis Petri; el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Según las autoridades, unos 450 efectivos de distintas fuerzas federales debían arribar el lunes para desarrollar los operativos contra las diversas bandas del narco por el incremento de los asesinatos en la última semana.
Los homicidios fueron cometidos por sicarios en respuesta a las medidas implementadas por Pullaro, un ‘protocolo de gestión para presos de alto riesgo’, imitando las medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en las cárceles.
Agentes de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria fueron recibidos en Rosario por la ministra y, según su cartera, los agentes fueron movilizados para llevar a cabo operativos nocturnos en distintos puntos de la ciudad.
No obstante, la imagen de las calles de Rosario era hoy muy diferente.
Combatir el núcleo criminal
Más allá de reforzar Rosario con presencia policial bajo «operaciones de saturación», que arrancan desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) hasta las 07:00 horas (10:00 GMT) del día posterior, se establecerán zonas de alto riesgo desde las cuales trazarán un mapa de la estructura criminal.
Por otra parte, el Gobierno pedirá a la Justicia que aplique la ley Antiterrorista para los narcos, que duplica las penas para toda persona que en «los delitos cometidos el objetivo sea aterrorizar a la población», y tendrá una pena de 5 a 15 años de prisión y una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, aquel que «directa o indirectamente» financie esos actos.
En este aspecto, la ministra también resaltó en la víspera que el Ejecutivo enviará una ‘ley antibanda o antimafia’ al Congreso que buscará nuevas tipificaciones y modalidades de persecución penal sobre el crimen organizado.
Aún se espera también la llegada de elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que prestarán personal para brindar apoyo en forma de transporte, ingenieros, logística y comunicaciones a los efectivos federales y provinciales.
Según la ley de Seguridad de Interior, los efectivos militares no pueden efectuar trabajos como patrullar, hacer detenciones o usar armas de fuego.
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